Participación ciudadana en la implementación de las nuevas legislaciones de comunicación: Innovaciones y Limitaciones

MARÍA SOLEDAD SEGURA; SILVIO WAISBORD

Tecnopolítica en América Latina

Comunicaciones Sociales y CIESPAL

Año: 2017; p. 1 - 19

Este análisis desafía la visión de las políticas públicas definidas exclusivamente por las élites políticas y económicas. En su lugar, reconocemos el papel de los actores sociales y las disputas de poder que conlleva la elaboración de políticas. Consideramos que las políticas públicas son resultado de procesos complejos en los que intervienen diferentes actores e instituciones sociales con diverso poder y con desiguales recursos. En consecuencia, actores aparentemente débiles podrían llegar a tener cierta capacidad de influencia en los procesos políticos, como resultado de sus demandas al estado más allá de las relaciones de representación (elecciones y partidos políticos) (Álvarez Ugarte, 2013). Este enfoque pone de relieve también que las políticas públicas no son totalmente formuladas en el estado, sino que reconoce las relaciones entre actores estatales y sociales. La sociedad civil no es un todo unificado coherente. Nuestros hallazgos confirman el argumento presentado por otros analistas de la participación ciudadana y movimientos sociales, a saber, la idea de que la sociedad civil es compleja y conflictiva antes que un cuerpo homogéneo unificado (Acosta, 2014). Asumimos, por lo tanto, la heterogeneidad de la sociedad civil y su autonomía relativa frente al mercado y el Estado. No la consideramos una esfera puramente democrática opuesta al mercado como espacio únicamente dominado por intereses y al Estado como área cuyo único objetivo es la dominación. Por el contrario, reflejamos la complejidad de estas esferas y sus interrelaciones (Sorj, 2010). En particular, mostramos los vínculos entre el gobierno representativo y la sociedad civil que frecuentemente reclama participación directa y que, incluso si representa intereses legítimos de algunos sectores sociales, no es representativa de las mayorías (Sorj, 2010). Desde esta perspectiva, en primer lugar, caracterizamos los tipos de organizaciones que abogan por diferentes aspectos del derecho a la comunicación en América Latina, sus demandas, marcos interpretativos y estrategias. Luego, mostramos en qué legislaciones tuvieron mayor incidencia en los últimos quince años. En tercer término, analizamos el impacto de las OSC en la implementación de estas nuevas normas, con particular atención en el funcionamiento de las instituciones participativas creadas por ellas. Finalmente, a modo de conclusión, proponemos una valoración crítica de los aportes de la sociedad civil a las políticas de comunicación de la región en el siglo XXI.