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En 2020 y 2021, durante lavigencia de las medidas de aislamiento y distanciamiento socialpreventivo y obligatorio (ASPO y DISPO) debido al avance de lapandemia de COVID-19 en la Argentina, se puso en evidencia de maneraabrumadora que el derecho a la conectividad es crucial para elejercicio de otros derechos (Segura y Bizberge, 2020).Enesas condiciones, los estados nacionales y provinciales así como lasempresas privadas avanzaron mucho con la conexión en todas lasprovincias del país (Segura, Bizberge, Venier, Ares, Ortega y DeToni, 2023). También las redes comunitarias de Internet (RCI), queya existían, se expandieron mucho y de manera acelerada, ganaronvisibilidad, organización y capacidad de incidencia en las políticaspúblicas (Segura, Bizberge, Venier, Ares, Ortega y De Toni, 2023).Fueron una alternativa sobre todo en zonas rurales o popularesurbanas donde las empresas no prestan servicio o lo hacen con preciosaltos y baja calidad (Prato, Weckesser y Segura, 2020). Córdobafue una de las primeras provincias del país donde se desplegaronredes comunitarias de Internet y donde está asentada AlterMundi, unade las dos organizaciones no gubernamentales (ONG) que comenzaron aimpulsarlas en Argentina. Es también el lugar donde se hicieron losprimeros encuentros de la Cumbre Latinoamericana de RedesComunitarias en 2018 y de la Cumbre Argentina de Redes Comunitarias(CARC) en 2019 (Prato, Weckesser y Segura, 2021).Dehecho, la organización cordobesa y la CARC fueron actores crucialesque incidieron en la elaboración de políticas públicas para elsector. Primero, la creación en 2018 de la licencia VARC (ValorAgregado de Redes Comunitarias) en la Resolución 4958 del EnteNacional de Comunicaciones (ENACOM), que implicó el reconocimientolegal de estas redes. Luego, el establecimiento en 2021 del Programade Conectividad Roberto Arias que, en comunidades rurales y depueblos originarios, promueve la autogestión a través de redescomunitarias de Internet. Además, consiguieron que, en losdos programas de conectividad destinados a barrios populares(Programa para el Desarrollo de Infraestructura para Internetdestinado a Villas y Asentamientos) y a zonas adversas (Programa deAcceso a Servicios TIC a Poblaciones de Zonas Adversas y Desatendidaspara el Despliegue de Redes) que el ENACOM estableció en 2020 seincluya a las redes comunitarias como prestadores posibles (Prato,Weckesser y Segura, 2022).Enesta provincia, desde 2020, el ENACOM aprobó proyectos deconectividad para 26 barrios de Córdoba Capital y 15 barrios de laciudad de Río Cuarto, la capital alterna. Además, al momento deescritura de este capítulo, se aprobó un proyecto para ampliar ymejorar la conectividad de las comunidades de Los Molinos y Josè dela Quintana. Excepto los de Río Cuarto que fueron presentados poruna empresa comercial InterCity Comunicaciones S.A., proveedorminorista que pertenecería a Telecentro (Convergencia, 2022), losdemás son proyectos elaborados e implementados por organizacionessociales de diverso tipo. En 24 barrios de Córdoba Capital estátrabajando la Mutual Carlos Mugica, con larga trayectoria en laprovincia, creada a inicios de los años 1980, y sobre todo vinculadaal hábitat popular y a la radiodifusión comunitaria; y en los otros2, La Poderosa, organización social territorial latinoamericana quenació en Buenos Aires en los años 2000 que propuso proyectos deconectividad en varias provincias del país. En tanto, el decomunidades rurales fue presentado por redes comunitarias yaexistentes acompañadas por AlterMundi, que impulsa RCI a nivelnacional e internacional, desde los años 2010. La Mutual obtuvo unalicencia comercial; las redes comunitarias y La Poderosa una VARC.Setrata, por lo tanto, de tres organizaciones con trayectorias,competencias y objetivos diferentes, que optaron por estrategias deintervención y políticas públicas distintas. Lo que tienen encomún no es que provean conectividad de manera totalmenteautogestiva y no lucrativa, sino que procuran garantizar el acceso aInternet a sectores urbano-populares y rurales cuyo derecho a laconectividad no estaba siendo atendido por los actores comerciales;y, con ese fin, articulan con el Estado nacional -y, en ocasiones,con los Estados provincial y municipal también- y con organizacionessociales territoriales.Nosinteresa, por un lado, evaluar en qué medida la ejecución realizadapor entidades sociales no lucrativas de diverso tipo incide en losdiferentes impactos que la política nacional tiene en losterritorios. Por otro lado, establecer qué tipo de política estataly estrategia de intervención social resultaron más eficaces paragarantizar el derecho a la conectividad de sectores populares. Paraeso, se analizan en profundidad los procesos de participación en eldebate, diseño e implementación de las políticas nacionales deconectividad por parte de estas tres organizaciones sociales en laprovincia de Córdoba; los resultados que obtuvieron y los queesperan obtener, las facilidades y obstáculos que identificaron enel proceso, y los debates que plantean. Estose aborda desde un enfoque teórico-normativo que concibe a laconectividad como derecho humano que debe ser garantizado por elEstado, y un servicio que puede ser prestado por actores estatales,comerciales y no lucrativos. Concebimos a las políticas públicascomo resultado de procesos de disputa en los que también intervienenestos tres tipos de actores con distintos intereses y desigualesrelaciones de poder.

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