Activismo antirrepresivo en Córdoba: la Marcha de la Gorra como símbolo de resistencia juvenil

ROLDAN MACARENA DEL VALLE

Córdoba

Congreso; I Congreso sobre Violencia Institucional; 2023

Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia

Esta comunicación retoma los resultados de un proceso de investigación de más de ocho años en torno a la Marcha de la Gorra. Además de integrar un trabajo de etnografía colectiva en torno a la Marcha , mi tesis de doctorado en psicología tuvo como objetivo comprender los procesos de subjetivación política que encarnan les jóvenes en el seno de esta experiencia de movilización popular. Para ello, trabajé con una metodología cualitativa, con un enfoque etnográfico complementado con entrevistas en profundidad y conversaciones en marcha , instancias en las que participaron más de sesenta jóvenes marchantes. A más de quince años de su nacimiento, y acumulando ya dieciséis ediciones en las calles de Córdoba, la Marcha de la Gorra constituye un ícono de las luchas juveniles locales, particularmente en lo que respecta a la violencia institucional o estatal. En el año 2007, tuvo lugar la primera edición de una movilización por los derechos de los niños, niñas y adolescentes que adoptaría como nombre el sintagma Marcha de la Gorra, nominación que luego se convertiría en un sello de resistencia en materia antirrepresiva. En sus primeras ediciones, la demanda central de la Marcha se enfocaba en la problemática de las detenciones arbitrarias vividas por las juventudes de sectores populares, especialmente en los espacios céntricos de la ciudad. Estas interceptaciones policiales que interrumpen el libre tránsito de estos jóvenes (incluyendo requisas, solicitud de documentación, averiguación de antecedentes, entre otras), y que pueden derivar en una detención o traslado a comisaría, están ligadas a la aplicación de códigos contravencionales (Plaza y Morales, 2013; Crisafulli, 2013). Hasta el año 2016, regía en Córdoba el Código de Faltas, legislación que, en la práctica, habilitaba un alto número de detenciones, fundamentadas en la sospecha policial sobre determinados cuerpos-sujetos. Dicho Código fue reemplazado por el actual Código de Convivencia Ciudadana desde abril de 2016. Precisamente, la movilización antirrepresiva sostenida durante tantos años en Córdoba, constituyó un elemento fundamental en la puesta en cuestión de la legitimidad de la ley contravencional vigente. Sin embargo, a pesar de la innovación legislativa, el escenario represivo de Córdoba continúa delineando un panorama crítico en materia de violencia institucional, especialmente, considerando la ocurrencia de sucesivos escenarios de brutalidad policial que, en su expresión más extrema, atentan directamente contra la vida de les jóvenes. En este punto, hacemos referencia a los popularmente denominados casos de gatillo fácil. En su gran mayoría, estas situaciones de abuso policial develan un perfil de víctima bien delimitado: jóvenes varones de sectores populares. En este sentido, la problemática del gatillo fácil se ha constituido en una de las demandas centrales de la Marcha de la Gorra, al tiempo que dio origen, en el año 2015 –también en Córdoba–, a la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, orquestada y sostenida por familiares y amigues de víctimas y organizaciones antirrepresivas del ámbito local.En suma, a las detenciones arbitrarias como expresión de procesos de segregación social y a los crímenes de gatillo fácil como modalidad extrema de violencia, debemos agregar un conjunto de prácticas frecuentes que pueden incluirse en lo que se denomina hostigamiento policial (CELS, 2016). Además de las regulaciones para circular en el espacio público (detenciones, requisas, averiguación de antecedentes), los modos de hostigamiento policial implican controles excesivos y focalizados a motocicletas (principal medio de transporte entre les jóvenes de sectores populares); las interceptaciones en los ingresos de establecimientos educativos; y, en casos de mayor gravedad, las razias policiales ejecutadas en barrios populares. Estos procedimientos constituyen la base de vulneración y precariedad que exponen a modalidades más cruentas de violencia: golpizas, secuestros (detenciones y traslados ilegales, no declarados); prácticas de tortura en comisarías o instituciones de encierro y, en casos extremos, asesinatos y casos de desaparición con presunta responsabilidad policial (Llobet, 2015). En este sentido, en el marco de mi investigación, he optado por designar la articulación de estos elementos como procesos de policiamiento del Estado (Roldán, 2022), en orden a ubicar al Estado en el centro de la discusión en torno a la violencia ejercida por las agencias de control público (Guemureman et al., 2017). Desde el enfoque psicosocial con que abordamos estas problemáticas, en trabajos anteriores hemos argumentado que la violencia policial comporta efectos lacerantes en la vida cotidiana de estes jóvenes y, particularmente, en su subjetividad (Bonvillani, 2020; Roldán, 2020). De allí, la significatividad de instancias de protesta como la Marcha de la Gorra, la cual constituye una referencia inequívoca para les jóvenes de las barriadas cordobesa.