Una aproximación antropológica a un conflicto urbano-ambiental en la ciudad media de Azul (prov. de Bs. As.): el rol de la Defensoría Pública

GIRADO AGUSTINA

Rosario

Congreso; VII congreso ALA; 2024

En la presente ponencia se recupera un conflicto urbano-ambiental acontecido en el barrio Piletones de la ciudad media de Azul (prov. de Bs. As.), el cual se vincula con la ocupación de un predio contaminado por metal “cromo”, predio de 16 hectáreas donde funcionaba una curtiembre. Ante esta situación, en el año 2022 la Municipalidad de Azul, en su carácter de titular de la propiedad, inició un proceso judicial sin aludir en su denuncia a las condiciones ambientales que afectan al predio. La judicialización del conflicto, de una magnitud inusitada para la historia reciente de la ciudad, habilitó la intervención de heterogéneos actores (Consejo Local de Hábitat, Defensoría Pública, funcionarios del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Universidad, entre otros) los cuales ponen en tensión la forma de conceptualizar y administrar el conflicto. En este marco, interesa recuperar las actuaciones de la Defensoría Pública del Departamento Judicial de Azul puesto que ilumina respecto a los desafíos que supone la articulación entre el derecho al hábitat y la vivienda adecuada y el derecho a un ambiente sano.A partir de un trabajo etnográfico que incluye la realización de entrevistas a informantes clave, relevamiento a las personas ocupantes y observación participante en el marco del funcionamiento del Consejo Local de Hábitat de Azul, así como también de la implementación de un programa integral de extensión de la UNICEN y de un proyecto de investigación CONICET, se busca poner el acento en cómo se soslayan, opacan y excluyen derechos de cara a conseguir la relocalización de las familias e impedir la concreción de un desalojo compulsivo. En este sentido, desde la perspectiva de los organismos defensores no se discute con ímpetu la búsqueda de soluciones ambientales (remediación ambiental del predio), sino que se pretende conciliarlo con parámetros que permitan garantizar el acceso a un hábitat digno por parte de la población, a los fines de que “lo ambiental” no se transforme en un argumento –movilizado por el poder judicial y el ejecutivo local- es pos de legitimar su expulsión del predio. Sumado a ello, se busca que la práctica estatal configure una asistencia a partir del reconocimiento y jerarquización de los derechos vulnerados.