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A través del estudio de los casos argentino y uruguayo, este artículo se propone analizar la relación de los gobiernos progresistas y nacional-populares sudamericanos con los medios de comunicación. Estos gobiernos han puesto a los medios en el centro de su discurso político y, en algunos casos, de sus políticas públicas. Nuestro objetivo es dar cuenta, de manera comparada, de las condiciones y los modos en que se dio esta relación, lo que ha favorecido el hecho de que la construcción mediática de la realidad en la región se convierta en un problema público. Para eso, aunque no desconocemos el crecimiento de los flujos comunicacionales trasnacionales en la última década, entendemos que la dimensión nacional es aún relevante, estructurante y central para entender la relación entre medios y política (Waisbord, 2013 a y b). Nos ocupamos entonces de la relación del kirchnerismo (desde 2003 hasta la actualidad) y del Frente Amplio (desde 2005 a la fecha) con los medios de comunicación. Se trata de gobiernos progresistas que arribaron a la cabeza del Estado luego de crisis sociales, económicas y políticas surgidas tras las reformas neoliberales en ambos países. Esos gobiernos coincidieron en nombrar a los grandes medios de comunicación comerciales como sus opositores políticos. También coincidieron en anunciar su voluntad política de regular mercados mediáticos altamente concentrados. Sin embargo, ese diagnóstico compartido no hizo que sus aproximaciones a los medios fueran similares. Como veremos, hay ciertas continuidades, pero también diferencias entre uno y otro caso. Quisiéramos argumentar así que para comprender las transformaciones en la relación entre medios y gobiernos es necesario distinguir dos perspectivas en las que pueden ser entendidos los medios de comunicación, sin las cuales correríamos el riesgo de superponer órdenes de la realidad que los propios actores no siempre distinguen, pero que operan en diferentes registros. Por un lado, los medios son actores políticos. Basados en proyectos políticos o político-comerciales de sus propietarios, se trata de empresas colectivas en el doble sentido del término. Es decir, emprendimientos comerciales que buscan maximizar sus ganancias y organizaciones colectivas que a través de circuitos más o menos formalizados de coordinación (jerarquías en las redacciones, restricciones comerciales, política editorial) orientan la acción de diversos tipos de agentes (periodistas, presentadores, técnicos)en pos de objetivos trazados por la dirección. Por otro lado, los medios son espacios de interacción entre diferentes actores. Los periodistas y presentadores (y sus productores: tanto los técnicos como los propietarios de los medios) son los organizadores de estos espacios: marcan los tiempos de uso de la palabra, el contenido de los debates (Landi, 1992). Pero esto solo como pretensión, porque reciben en esas escenas mediáticas, o preparadas para ser mediatizadas, a otros actores que también pretenden incidir en su organización: expertos, políticos, dirigentes sociales, intelectuales, religiosos. En otros trabajos, con el término espacio de la comunicación política quisimos hacer referencia a este campo de interacción conflictivo, en el que está en juego la definición de la coyuntura y de sus problemas, y que articula actores y lógicas de acción diferentes (Vommaro, 2008 a y b). Al mismo tiempo, esos otros actores tienden a producir escenas por fuera de los medios para que sean mediatizadas, pero en condiciones y formatos no directamente controlados por los actores de los medios masivos: los usos de las redes sociales (en especial de Twitter, como canal directo), así como de dispositivos más tradicionales como las cadenas nacionales de comunicación oficial funcionan en este sentido. La relación entre medios y política se vincula, entonces, con el modo en que los medios, como actores colectivos, intervienen en la construcción de la realidad, en la definición de la coyuntura, sus problemas y soluciones y, por otro lado, con la conflictiva organización de los regímenes de interacción mediática en los que los actores de los medios comparten la escena, de manera conflictiva y/o cooperativa, con otros actores, entre los que se encuentran los políticos y gobernantes. A los fines de nuestro trabajo, la manera en que los gobiernos progresistas se relacionan con los medios de comunicación como actores no debe ser así confundida con la manera en que se relacionan con el espacio de la comunicación política. Con estas distinciones, podemos entonces comprender qué sucedió en estos años de gobiernos progresistas y nacional-populares en la relación entre medios y política: cómo se relacionaron los gobiernos con los medios como actores colectivos, y cómo con la lógica mediática de interacción política. Para ello, procederemos de la siguiente manera. En primer lugar, recorreremos los principales aportes de los estudios sobre comunicación política y políticas de la comunicación para identificar las dimensiones relevantes para su estudio. A continuación, definiremos cuatro dimensiones de análisis que nos permiten abordar nuestro objeto tomando en cuenta tanto el modo en que los actores definieron sus estrategias en el juego de la comunicación política y en el terreno de las políticas de la comunicación, como los condicionamientos históricos e institucionales que orientaron y moldearon las prácticas y estrategias de estos actores. En tercer lugar, recorreremos, a partir de estas dimensiones, los rasgos asumidos por la relación entre gobiernos y medios de comunicación en los dos casos. La comparación constante nos permitirá identificar, al final, la especificidad de los casos argentino y uruguayo y aportar a los estudios en la materia señalando factores relevantes para entender el comportamiento de los actores en torno a la problemática estudiada.

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