La teoría de los indicadores PER en función de la protección jurídica de los bosques y de los recursos hídricos en Argentina

MINAVERRY, CLARA MARÍA; MATRANGA RAÚL

Trelew

Congreso; III Jornadas Patagónicas de Biología II Jornadas Patagónicas de Ciencias Ambientales V Jornadas Estudiantiles de Ciencias Biológicas; 2015

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

EVALUACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS CON SISTEMA DE REFERATO - El trabajo analiza la normativa vigente y la jurisprudencia vinculada con la protección de los bosques y de los recursos hídricos en Argentina, utilizando un sistema de indicadores de calidad ambiental. Puntualmente nos proponemos: Realizar un estudio de casos de la normativa vigente y de la jurisprudencia vinculada con la protección de los bosques y de los recursos hídricos en Argentina, a la luz del sistema de indicadores de calidad ambiental Presión, Estado y Respuesta (PER) desde el año 1994 hasta la actualidad. La finalidad principal es la de individualizar las fortalezas y debilidades de la normativa y de la jurisprudencia analizada, y además determinar que esa calidad ambiental puede ser objetivamente medida a través de los indicadores PER elaborados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La Presión incluye como factores o fuerzas subyacentes al crecimiento poblacional, al consumo y la pobreza, e incluye aspectos tales como: las características físicas, químicas y biológicas del entorno, la condición del ecosistema y las funciones ecológicas del medio natural y la calidad de vida de la población. El Estado se refiere a la condición del medio ambiente que resulta de las presiones arriba descriptas, y el deterioro que en ellos generan las diferentes actividades humanas, los niveles de contaminación del aire, degradación de la tierra o deforestación. La Respuesta está relacionada con las acciones tomadas por la sociedad, individual o colectivamente, que son diseñadas para facilitar o prevenir impactos negativos en el medio ambiente con el fin de corregir el daño existente o de conservar los recursos naturales. Esas respuestas pueden incluir acciones reguladoras, gastos medioambientales o de investigación, opinión pública y preferencia del consumidor, cambios en las estrategias de manejo y suministro de información medioambiental.