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A medida que pase el tiempo y se torne cada vez más evidente la necesidad de disponer de más recursos de agua dulce, se avanzará en nuevas técnicas o acciones que favorezcan a su acceso. Sin embargo, el SIWI (Stockholm International Water Institute) estableció que la escasez del recurso no tiene su razón de ser en un problema de cantidad de agua, sino que radica exclusivamente en su distribución. En primer lugar es necesario distinguir entre las distintas propuestas, aquellas que representen soluciones prácticas o técnicas, en las que intervienen generalmente profesionales tales como los ingenieros o biólogos (que serán mencionadas sin profundizar en sus aspectos técnicos), y las que se relacionan con el ámbito jurídico o político (que serán descriptas con mayor profundidad). Una de las últimas tendencias es la búsqueda de formas de mejorar la recolección del agua de lluvia (conocida internacionalmente como Rain Water), para ser utilizada en diversos usos y para solventar diferentes necesidades (en las cosechas por ejemplo). También debe mencionarse el concepto de Green Water, que técnicamente es el agua requerida por las plantas, absorbida por sus raíces desde el suelo, y transmitida al aire a través del proceso de fotosíntesis. Los Green Water Credits constituyen pagos de dinero por el manejo de los servicios de agua por parte de campesinos. Es fundamental que la tecnología se aproveche en función de mejorar la gestión y el uso sustentable de los recursos en general y, en este caso particular, del agua dulce. Es clave el apoyo estatal al invertir en investigación para el desarrollo de nuevas y mejores tecnologías. Asimismo, una práctica que cada vez será más común es la del reciclado del agua y la de la desalinización (que registra aún un alto costo). En el ámbito político y jurídico se ha de poner de resalto que los ciudadanos deben tener acceso a la toma de decisiones en todos los aspectos relacionados con la gestión del agua potable. En la Argentina, la Ley N° 25.831 establece el Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental se encuentra vigente desde el 2003. Finalmente, los gobiernos deben diseñar programas nacionales y sectoriales, de ordenamiento territorial y del planeamiento urbano, para optimizar los recursos de agua disponibles en cada área. Asimismo, deben fortalecer y enriquecer los instrumentos de política ambiental.

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