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El acceso a la vivienda constituye un proceso dificultoso y conflictivo en la consecución de un hábitat digno y de inclusión en la ciudad para un importante porcentaje de la población en la región (Naciones Unidas, 2016), siendo necesaria la diversificación de opciones y modalidades que faciliten el goce de este derecho. Varios estudios ponen de manifiesto el desfasaje que existe entre las necesidades habitacionales reales de la población y la naturaleza de las políticas implementadas para satisfacerlas, dado que históricamente se ha optado por promover mayoritariamente la vivienda nueva y propia como solución homogénea al déficit habitacional existente (Hábitat para la Humanidad Argentina, 2017, Habitar Argentina, Gargantini, 2005 y 2013; Rodríguez et al, 2011; Fernández Wagner, 2014). Así, las políticas implementadas no han sido capaces de dar respuestas a la variedad de situaciones y problemáticas a atender a partir del reconocimiento de las nuevas tendencias demográficas, laborales y de los recursos disponibles en los hogares, factores que obligan a repensar el diseño y la ejecución de las mismas desde una compresión abarcativa e integral.Frente a estos cambios de contexto y ante la creciente inaccesibilidad habitacional, la vivienda en alquiler constituye una opción viable, aunque escasamente promovida dentro de las políticas habitacionales en la región. Históricamente percibida como instrumento paliativo y un sucedáneo a lo que implícita o explícitamente se considera como el objetivo de la situación ideal a alcanzar -la vivienda en propiedad-, actualmente atraviesa trasformaciones y resignificaciones importantes (Jaramillo e Ibáñez, 2002).En Argentina, esta modalidad habitacional permite el acceso a la vivienda al 18,5% de los hogares (EPH, 2018) y en Córdoba capital este porcentaje asciende al 26,8% (INDEC, 2010), por lo que en la última década se ha evidenciado el surgimiento de organizaciones civiles que promueven su visibilización y alientan modificaciones legislativas a fin de lograr su validación, promoción y control estatal desde una perspectiva de derechos frente a la presión del mercado inmobiliario. Sin embargo, uno de los graves obstáculos que existen actualmente para diseñar de manera responsable una política que intervenga en la vivienda de alquiler, es el deficiente conocimiento que se tiene sobre la naturaleza y la dinámica de funcionamiento de esta modalidad habitacional. Bajo este marco conceptual y contextual, y a la luz de los antecedentes producidos por el equipo de investigación y de otros grupos de investigación del país (Gargantini y Martiarena, 2016; Blanco, Fretes Cibils y Muñoz, 2014; CELS, 2019), este trabajo presenta la caracterización de la vivienda de alquiler formal no temporario en Argentina, particularmente en la ciudad de Córdoba en referencia a la Capital Federal. El análisis se realizó bajo una estrategia metodológica de base mixta a partir de bases estadísticas y del relevamiento-seguimiento cuantitativo y cualitativo de esta modalidad habitacional durante el último quinquenio. Además, se analizaron variables vinculadas al nivel de accesibilidad en relación a los ingresos de los hogares, su distribución en la estructura urbana y la oferta tipológica disponible, de acuerdo a los principales atributos y restricciones que inciden en su estado de situación, funcionamiento y evolución. La hipótesis que fundamenta esta investigación sostiene que la actual inexistencia de políticas públicas vinculadas a la vivienda de alquiler se encuentra fuertemente asociada al desconocimiento del funcionamiento de esta modalidad en los centros urbanos, lo cual inhibe que la misma se transforme en una estrategia y alternativa de acceso a la vivienda dentro de las políticas locales de hábitat. Dada la magnitud de la precariedad e inaccesibilidad habitacional existente y las limitaciones fiscales del Estado para generar a corto plazo las condiciones para que todas las familias accedan a una vivienda digna, la consideración de una política integral de alquiler como alternativa a la vivienda en propiedad, favorecería la capitalización de recursos existentes en los hogares y de unidades habitacionales existentes en la ciudad, alentaría procesos de articulación público-privada y de integración socio-espacial, a la vez que permitiría diversificar las opciones habitacionales disponibles frente a los requerimientos de localización asociados a las mutaciones que se derivan del ciclo de vida personal, familiar y laboral actual. Su promoción constituye así una opción válida para la consecución de un hábitat digno para diversos sectores sociales en el país y la región, la cual este trabajo desarrolla y promueve.

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