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El presente trabajo propone analizar las relaciones establecidas entre la cúpula eclesiástica y los principales dirigentes gremiales frente a las iniciativas del estado para la normalización sindical que se promovieron durante la dictadura y en el gobierno de Alfonsín. El análisis que se presenta aquí aborda dos momentos centrales en la articulación de esas relaciones. El primero se inicia con la sanción en 1979 de la ley 22.105 de Asociaciones Gremiales, a partir de la cual el estado amplió sus facultades para intervenir en la vida sindical, afectando dos aspectos bien delimitados de las organizaciones, por un lado, el político, al prohibirles la actividad partidaria y por otro, el económico, al desvincularlas del manejo de las obras sociales. Las reacciones sindicales a este proyecto contaron con un fuerte respaldo del Episcopado iniciando una etapa de acercamientos que se prolongarían más allá del retorno democrático. Un segundo momento tiene que ver en el Proyecto de Reordenamiento Sindical (PRS) conocido como Ley Mucci que pretendió democratizar los gremios y apuntó a cumplir con la promesa electoral de Alfonsín de terminar con la burocracia sindical. Este proyecto provocó una abierta confrontación con el sindicalismo mayoritariamente peronista que culminó previo rechazo del PRS en el Senado- con la negociación entre dirigentes sindicales y representantes del gobierno a fin de redactar un reglamento electoral para los gremios. En ese contexto, la Iglesia se convirtió en artífice del diálogo entre sindicatos y gobierno. Así, pretendió ocupar su lugar en la emergente configuración política democrática como guía en la búsqueda del diálogo, capaz de reducir las distancias entre actores enfrentados.

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