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Este artículo tiene por objetivo abordar los recientes cambios operados en la política migratoria argentina, con especial énfasis en las modificaciones introducidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70 (de enero de 2017), con vistas a iluminar los vínculos actuales entre migraciones, derechos humanos y seguridad. El caso argentino resulta de especial interés porque la Ley Migratoria vigente desde 2004 incorpora importantes estándares de derechos humanos, que deberían funcionar como límite al avance de ciertas prerrogativas soberanas del Estado en nombre la seguridad. Las distintas medidas adoptadas por el Gobierno de la alianza Cambiemos, desde su llegada al poder en 2015, se basaron en una vinculación directa entre migración y criminalidad, dirigida a reinscribir la política migratoria en el terreno de la seguridad y a enfatizar el control, en detrimento de la integración de las personas migrantes. Creemos que el DNU 70 tiene un carácter ejemplar para el análisis específico de las paradojas que entraña la criminalización de las migraciones, con el consecuente avance de la excepcionalidad soberana, en un contexto normativo de reconocimiento de los derechos humanos. Sobre estas tensiones versa el presente artículo, con la expectativa de que este caso pueda alumbrar otros similares.

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