La perversión del espíritu hospitalalario de la Ley de Migraciones 25.871

PENCHASZADEH, ANA PAULA

José C. Paz, Provincia de Buenos Aires

Jornada; II Jornadas sobre Migraciones; 2017

UNPAZ

En 2004, se sanciona la Ley de Migraciones 25.871, producto de un verdadero debate entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado. Entre las virtudes de esta ley, pueden señalarse que: reconoce el derecho a migrar como un derecho humano; desvincula el goce de derechos básicos (como la educación y la salud) de la situación documentaria de las personas; responsabiliza al Estado por la irregularidad documentaria (eliminando la palabra ?ilegales? en referencia a las personas que no tienen ?los papeles? que el propio Estado les niega); y establece garantías de debido proceso, así como la obligatoriedad de la mediación de un juez, frente a las decisiones administrativas de expulsión.Por casi 12 años, la experiencia de una política migratoria basada en el reconocimiento de los derechos humanos, sumada a los límites impuestos al capital global extranjero desterritorializado, demostró que una legislación ?abierta? no sólo mejora las condiciones generales de vida de las propias personas migrantes, sino que permite desarmar la coartada conservadora y neoliberal, especialmente en relación a dos puntos clave: 1) la regularización documentaria facilitó un acceso al mercado laboral formal que modificó la relación de dependencia de la población migrante respecto de los servicios públicos; y 2) este tipo de legislación no fue un ?incentivo? para las migraciones (el porcentaje de población migrante se mantuvo entre el 4.1% y el 4.5% respecto de la población total, según los censos de 2001 y 2010), no produciéndose la tan temida ?avalancha? migratoria. Ahora bien, la política migratoria en Argentina varió claramente desde la asunción de la Alianza Cambiemos en el poder en 2015. A comienzos de 2017, la ley de migraciones fue modificada por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2017), estableciendo un proceso sumarísimo (o exprés) de expulsión de los extranjeros involucrados en delitos que merezcan penas privativas de la libertad. En esta ponencia se abordan seis grandes razones por las cuales debería rechazarse este decreto.