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Una semilla es algo más que una parte vegetal; constituye la síntesis de una tarea progresiva en el tiempo y que condensa el esfuerzo de muchas personas, instituciones y empresas. No solamente de aquellos abocados a obtener variedades mejoradas, sino también de aquellos que multiplican y tratan la semilla para que el productor tenga disponible una semilla con identidad y sanidad garantizada, o sea semilla fiscalizada.En Argentina, las tareas de mejoramiento genético la llevan adelante tanto el sector privado como el sector público. Lo realizan grandes, medianas y pequeñas empresas, así como instituciones públicas de distinta escala. El gran desafío es como sostener todo este esfuerzo cuando estamos hablando de especies autógamas, en las cuales los programas de mejoramiento varietal no reciben el reconocimiento a su tarea, ya que por las características de esta especies, los productores tienen la opción de usar su propia semilla e incluso lucrar con su venta.Esto ha derivado en que a lo largo de estos años, muchos criaderos medianos y chicos, vinculados solamente al mejoramiento de especias autógamas, hayan cerrado al no poder sostener las inversiones necesarias para permanecer competitivos. Otros criaderos pudieron sobrevivir por tener también programas de mejoramiento en especies alógamas y muchos de ellos por sus trabajos en otros países, aunque reduciendo sus inversiones y consecuentemente su capacidad operativa en especies autógamas.El bajo porcentaje de uso de semilla fiscalizada tiene otras implicancias que no se valoran al momento de utilizar semilla ilegal o desconocer el derecho de la propiedad intelectual.En el presente artículo se analizan qué elementos debería incluir la Ley de Semillas para garantizar que el sector de I+D pueda seguir generando nuevas variedades, sin o con nuevos eventos biotecnológicos. Entre ellos el respeto a la propiedad intelectual y la garantía de la excepción del fitomejorador

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