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A partir de la reforma del Estado en 1989, se implementan en Argentina modificaciones en la regulación de los servicios públicos de transporte de pasajeros metropolitanos. Con el objetivo de incrementar la eficiencia y calidad de los servicios se dispuso la gestión en manos privadas de todos los modos del sistema, se cambiaron los esquemas reglamentarios y los órganos de control. Así, desde 1994 la situación del transporte público de la región se define como de gestión privada bajo regulación pública. Empresas del autotransporte local y ex proveedores del Estado, hegemonizan la prestación. La operación simultánea de trenes, subtes y colectivos por un mismo grupo de empresas privadas, constituye una situación singular que coloca al caso como uno de interés a nivel internacional. Sendas mudanzas, sin embargo, no fueron acompañadas por el diseño de un marco o plan regulatorio global e integrado. A su vez, en 1997 comienza un proceso de renegociación de las concesiones de transporte ferroviario, que introduce un nuevo mecanismo de financiación de las inversiones. Se profundiza asimismo una suba de tarifas y una pérdida de pasajeros del transporte público, en el especial del modo automotor. Este comportamiento del sistema se desenvuelve en un contexto de estabilidad de la economía, de crecientes problemas de empleo, de nuevas necesidades del estado, y de crecimiento de la población. El objetivo del trabajo es hacer un diagnóstico de la situación regulatoria y fiscalizadora del sistema de transporte público metropolitano a siete años de implementada su reforma, abarcando en conjunto los modos guiados y el automotor, y esbozar los principales desafíos a los que se enfrenta el sistema hoy, de cara al futuro.

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