Políticas públicas para la convergencia: la regulación de las TIC en la Argentina

BERNADETTE CALIFANO

Cancún

Conferencia; 9th Communication Policy Research Conference; 2015

El 29 de octubre de 2014 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley con el objetivo de declarar de interés público el desarrollo y la regulación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y regular las telecomunicaciones. Tras un veloz tratamiento parlamentario, la iniciativa se convirtió en la Ley Argentina Digital en diciembre de 2014.La normativa vigente en esta materia se encontraba desactualizada, pues la ley que regulaba el sector databa del año 1972 y había sido promulgada por un gobierno de facto. Si bien fue complementada a partir de la década de 1990 con una serie de decretos y disposiciones, los veloces avances en materia de TIC demandaban una indispensable actualización del marco regulatorio.Sin embargo, el sorpresivo envío del proyecto por parte del Poder Ejecutivo, su breve tratamiento parlamentario y las imprecisiones normativas del texto inicial, condujeron a diversos actores sociales a alzar sus críticas en torno de la iniciativa. Varios temas generaron controversias. Uno de ellos consistió en la habilitación legal para que las empresas de telecomunicaciones ingresasen al mercado audiovisual. Estas firmas habían sido excluidas de tal posibilidad en el marco del debate por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009), en función de los acuerdos parlamentarios logrados para promulgar la norma. La nueva ley introdujo una modificación específica al respecto, con la finalidad de exceptuarlas de tal prohibición, aunque finalmente se les vedó la posibilidad de prestar servicios de televisión por vínculo satelital. Tanto el mercado de las telecomunicaciones como el mercado audiovisual en la Argentina presentan altos índices de concentración de la propiedad. En el primero, tres empresas se reparten aproximadamente el 75% de la facturación. En el segundo, los cuatro principales operadores dominan más del 75% del mercado y el país se caracteriza por un alto grado de concentración multimedia de tipo conglomeral.A diferencia de la desregulación introducida en el mercado telefónico a partir de 1990 ?cuando se privatizó la empresa estatal de telecomunicaciones?, la nueva norma busca otorgar al Estado mayor poder para fijar pautas que promuevan el desarrollo y el tendido de infraestructura. Asimismo, le otorga facultades para promover un acceso equitativo de la población a los servicios TIC, con parámetros de calidad, y para generar una mayor competencia en el sector. Para ello establece la desagregación de las redes locales (?última milla?) y la obligación de interconexión mutua entre licenciatarios. Además, crea una autoridad de aplicación que dictará, entre otras medidas, disposiciones tendientes a permitir la reducción de asimetrías entre licenciatarios y establecerá zonas de promoción donde los prestadores con poder significativo de mercado no podrán brindar servicios por plazos limitados. No obstante, a lo largo del debate las asociaciones de cooperativas y PyMEs prestadoras de telefonía e Internet reclamaron por una regulación con mayores precisiones en el texto de la ley, a fin de que todas estas disposiciones no quedasen libradas a la decisión del organismo regulador.El objetivo de este trabajo es analizar esta nueva regulación en el marco de las características del mercado de las telecomunicaciones en la Argentina y en el contexto más amplio de la política pública de comunicación que se ha encarado en el país desde el año 2009. Se propone un análisis de las diferentes posturas encontradas en el debate en torno de la promulgación de la ley, los intereses de los principales actores involucrados, y los desafíos regulatorios que se presentan en el contexto de la convergencia entre las industrias del audiovisual, las telecomunicaciones y la informática.