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Uno de los supuestos extendidos en buena parte del relato historiográfico a lo largo del siglo XX ha sido el que propuso la inexistencia de una política de estado en relación con el destino para la población originaria luego de finalizadas las campañas militares de sometimiento en las últimas décadas del siglo XIX. Especialmente se sostuvo la irrelevancia del trabajo indígena tanto como objetivo a priori como recurso puesto en disposición por las campañas de conquista. Para el caso del área pampeana y norpatagonica, se adujo el reducido número de su población y el tipo de actividades implementadas en el área como factores que explicarían la inexistencia de una verdadera política de estado. Al mismo tiempo, la misma presencia del estado fue puesta en cuestión en esta región entre las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, por parte de la historiografía especializada. No obstante, recientes trabajos vienen demostrando en los últimos años la necesidad de contemplar en una mayor escala los procesos que afectaron a la población originaria. En primer lugar, enfocando en los sistemas de concentración y deportaciones de población, implementadas por diferentes agencias y oficinas tanto estatales como desde la misma sociedad civil, que involucran diferentes frentes de avance del capital, en diferentes territorios y provincias argentinas. Se abordan por lo tanto estos mecanismos con el objeto de describir una política de estado que centrada en la expropiación de los recursos indígenas hace de la fuerza de trabajo un objetivo central con continuidad a lo largo del tiempo. Dicha política establece, a través de las prácticas sociales genocidas, un mecanismo de explotación extraeconómica, sostenido precisamente en la construcción normalizadora de excepciones que implica la condición de ciudadanos indígenas aplicada a la población originaria.