Las disputas por los bienes comunes y su impacto en la apropiación de servicios ecosistémicos. La Ley de Protección de Bosques Nativos, en la Provincia de Córdoba, Argentina

CABROL, DIEGO ANTONIO; CÁCERES, DANIEL

ECOLOGÍA AUSTRAL

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ECOLOGÍA

Año: 2017 vol. 21

0327-5477

RESUMEN. A partir de las cuatro categorías que regulan la propiedad, el acceso y la apropiación de los bienes naturales (i.e., privada, estatal, libre, y comunal), el presente trabajo busca analizar cómo la aprobación de una ley que propone conservar el bosque nativo i) genera procesos de cercamiento de bienes comunes, y ii) impacta de manera diferencial sobre distintos actores sociales. La utilización de técnicas cuantitativas y cualitativas, y la combinación de distintas fuentes de información (i.e., entrevistas a distintos actores sociales, medios masivos de comunicación, documentos gubernamentales) permitió analizar los impactos sociales de la implementación de la Ley de Ordenamiento Territorial para los Bosques Nativos, en la Provincia de Córdoba (Argentina). Los resultados sugieren que la nueva ley prioriza la idea de propiedad privada por sobre las normas consuetudinarias, los arreglos locales y el acceso flexible a los servicios ecosistémicos, propios de la lógica productiva campesina. Los productores capitalizados, con mayor poder económico y político, disponen demecanismos que les permiten atenuar los efectos restrictivos del nuevo régimen legal y están mejor posicionados para recibir compensaciones monetarias de parte del Estado. Así se generan nuevas condiciones sociales que se traducen en nuevos procesos de exclusión social y en asimetrías económicas entre los productoresque operan en un mismo territorio. Son los más vulnerables y con menos poder económico y político (i.e., los campesinos), y los más perjudicados en el nuevo escenario emergente. En un mundo globalizado donde domina la lógica económica de mercado, los ecosistemas nativos están sujetos a una lógica extractivista queprioriza la rentabilidad de corto plazo. Esto genera costos ambientales y sociales elevados. El Estado tiene la responsabilidad de proteger estos ecosistemas a fin de garantizar el bienestar común, pero toda legislaciónambiental nueva también debe evaluar sus posibles impactos socioeconómicos.