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Luego del juicio a la Junta Militar en 1985 durante la presidencia de Raúl Alfonsín, el Estado clausuro cualquier posibilidad de tramitar nuevas causas, motivo por el cual los familiares de las víctimas del Terrorismo de Estado, interpelaron a la Justicia Federal ? a partir de presentación de denuncias ? para que se investigue el paradero de los desaparecidos. Sin embargo, las memorias políticas impuestas desde el poder político durante los años 90 con la idea de la reconciliación con la ley del Indulto y de Punto Final generaron una década de impunidad, motivo por el cual, los organismos de Derechos Humanos (a partir de ahora DDHH) recurrieron a Corte Interamericana de DDHH, foros internacionales y a la justicia española ? el juez Baltazar Garzón - a fin de derogar estas leyes que evitaban el juzgamiento de los responsables del secuestro, tortura y desaparición de miles de ciudadanos argentinos. Finalmente, a partir de 2003, cuando el Congreso de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las leyes de la impunidad, a lo largo y ancho del país, las causas entraron en proceso de instrucción para finalmente juzgar a los responsables de ese pasado traumático de la Argentina. Sin embargo, a pesar de que muchas de las denuncias realizadas ante la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) vislumbraban la participación de civiles junto a los militares en el proceso represivo, fuero estos últimos los primeros en ser juzgados hasta 1985 y posteriormente, a partir de 2001, si bien los juicios contra las fuerzas de seguridad continuaron se abrieron nuevas causas que investigaron la participación de civiles - empresarios, jueces, curas, miembros de los servicios de inteligencia ? que acompañaron ideológicamente - o fueron funcionales ? al Terrorismo de Estado, hecho que fortaleció la definición de lo ocurrido entre 1976 y 1983 como Dictadura Cívico ? Militar (CELS: 2015).Un elemento significativo en este proceso, se vinculó con las numerosas denuncias recibidas antes del 2001 y con posterioridad a ese año, que motivaron a los fiscales a dar inicio a la etapa de instrucción, recolección de pruebas y las indagatorias a los testigos y al acusado. Esta última etapa fue la más difícil debido a que los jueces eran personas reconocidas en sus diferentes medios, conocían la jurisprudencia, conseguían evitar las indagatorias recusando a los fiscales o presentando recursos legales que demoraban sus declaraciones; pero sobre todo, un problema de la justicia como institución burocrática que se resistió a ser investigada y puesta en cuestión, hecho que se reflejo en las excusaciones de los magistrados para llevar adelante las investigaciones o los juicios (Bohoslavsky 2015). Por este motivo, se considera que la implementación de ley 20.840 que penalizaba el comportamiento y las actividades ?subversivas?, es un antecedente previo al Operativo Independencia, a la implementación del aparato represivo y porque además da cuenta del marco ?legal? en el que actuó la justicia. En este sentido, el propósito de esta ponencia, es indagar en el funcionamiento de la Justicia Federal a partir de la Megacausa Operativo Independencia ? tomando las declaraciones de los sobrevivientes en calidad de testigos con la finalidad de comprender las omisiones o la complicidad del fuero federal tucumano durante el período en estudio. La finalidad de indagar a partir de un juicio de Lesa Humanidad, se vincula con la necesidad de analizar las prácticas jurídicas en la década del 70 y cómo esas prácticas se resignificaron con el paso del tiempo, tomando en cuenta que los juicios de Lesa generan un escenario extraordinario, porque significan un gran número de testigos, el traslado del Tribunal en las inspecciones oculares y las disputas de sentidos entre los familiares de los acusados y de las víctimas; todo eso mediado por el contexto político de 2016 en el ámbito nacional con la llegada a la presidencia de Mauricio Macri y el cuestionamiento a la política de Derechos Humanos llevada a cabo durante el gobierno Kirchnerista. A partir del análisis de la causa mencionada surgieron una serie de interrogantes relacionados con el rol del fuero federal tucumano previo a la implementación del aparato represivo. En este sentido, los jueces procedieron a detenciones en 1974 y cuáles eran los argumentos para la privación de la libertad y la puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Durante el Operativo Independencia, los jueces actuaban en cooperación con las fuerzas de seguridad para sostener un plano legal y otro ?clandestino? u omitían de intervenir en ese contexto debido a que supuestamente no era competencia del fuero federal. Es posible, reconstruir a partir de los testimonios de los sobrevivientes un modus operandi que implementaba la justicia para rechazar los Habeas Corpus o simplemente eran rechazados sin dar explicación o aceptados pero sin dar curso a las investigaciones judiciales sobre el paradero de los desaparecidos. De qué manera, se armaban las causas y que rol cumplieron las fuerzas de seguridad y la justicia en ese proceso. Los jueces tenían libertad para investigar o la presencia de la V Brigada del Ejército al mando de Acdel Vila en un primer momento y luego por el Gral. Domingo Antonio Bussi condicionó la funcionalidad de la justicia; qué paso con aquellos jueces que investigaron las desapariciones. Para la elaboración de esta investigación se consultaron las siguientes fuentes: en soporte digital: TOF, ?los autos de procesamiento del juicio del Operativo Independencia?, Exp. 401015/04 y 401016/04, Poder Judicial de la Nación. TOF, ?Sentencia del Juicio Operativo Independencia, Exp. 401015/04. En soporte filmación: Registro realizado por Gendarmería de laMegacausa Operativo Independencia. Registro en papel: cuaderno de campo de las sesiones de la Megacausa Operativo Independencia.

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