UN EXPERIMENTO ECONÓMICO SOBRE CORRUPCIÓN, ESTADO DE DERECHO Y COOPERACIÓN

FREIDIN, E.

Posadas

Congreso; XVII Reunión Nacional y VI Encuentro Internacional de la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento (AACC); 2019

AACC

Introducción: Lacorrupción reduce el bienestar de las sociedades y disminuye los incentivospara el comportamiento cívico. Sin embargo, poco es conocido respecto a lascondiciones que amplifican o protegen a la sociedad de las consecuenciasnegativas de la corrupción. En este estudio, investigamos cómo el efecto de lacorrupción sobre la cooperación cívica es mediado por el estado de derecho,i.e., si las reglas para aplicar sanciones son justas o no. Para ello,utilizamos un juego de bienes comunes con posibilidad de aplicar sanciones. Estudiosexperimentales sobre bienes comunes han mostrado que la posibilidad de coimaslimita el éxito de instituciones de castigo centralizado para sostener lacooperación. En contraste, nuestros resultados evidencian que las coimas sondañinas sólo en una condición de estado de derecho débil, cuando losfuncionarios corruptos pueden coercionar a los ciudadanos que se comportan demanera socialmente apropiada para que paguen coimas.Metodología: Participaron244 estudiantes universitarios en un experimento con PCs. Utilizamos un diseñoexperimental 2x2 en el que variamos la posibilidad de coimas (Sin/ConCoimas) yde castigo injusto (DerechoDébil/Fuerte) en un juego de bienes comunes (4tratamientos: 1. SinCoima_DerechoFuerte; 2. ConCoima_DerechoFuerte; 3.SinCoima_DerechoDébil; y 4. ConCoima_DerechoDébil). Los participantesinteractuaban durante 20 rondas en grupos estables de 4 individuos. Cada grupoestaba formado por tres contribuyentes y un castigador o funcionario. Cadaronda constaba de tres etapas. En la Etapa 1 de contribución, loscontribuyentes debían decidir cuántos puntos poner en la cuenta grupal. En la Etapa2, en los tratamientos ConCoima, cada contribuyente debía decidir si ofertarpuntos al castigador de su grupo, mientras que los contribuyentes en lostratamientos SinCoima no podían ofertar puntos al funcionario. En la últimaetapa, el castigador podía descontar puntos de los contribuyentes pagando uncosto por hacerlo. En los tratamientos con DerechoFuerte, a partir del castigo,los contribuyentes podían perder cómo máximo sólo los puntos que no habíancontribuido a la cuenta grupal en la Etapa 1 de esa ronda. De esta manera, loscontribuyentes podían evitar el castigo a partir de una contribución completa.En contraste, esta última posibilidad no estaba en los tratamientos conDerechoDébil, en los que el castigo máximo podía llegar a la totalidad de lospuntos obtenidos en la Etapa 1 independientemente de cuánto habían contribuidoal fondo grupal. Resultados: Los datos mostraron que la cooperación promedio en el tratamientoConCoima_DerechoDébil fue significativamente más baja que en el resto de lostratamientos, los que mostraron niveles estables y similares entre sí. Enbúsqueda de los mecanismos detrás de este efecto, encontramos que las ofertasde coimas fueron mayores en el tratamiento ConCoima_DerechoDébil que en eltratamiento ConCoima_DerechoFuerte. Esta diferencia estuvo principalmente dadapor una mayor oferta de coimas de los altos contribuyentes (aquellos concontribuciones iguales o mayores al promedio grupal) en el tratamiento ConCoima_DerechoDébil.Este tipo de coima puede interpretarse como coercitiva, en contraste con lascoimas colusivas de los bajos contribuyentes que al incumplir con su debercívico intentar evitar la sanción a partir del soborno. Curiosamente, lacantidad de coimas por parte de los contribuyentes bajos (aquellos concontribuciones menores al promedio grupal) fue equivalente entre tratamientoscon distinta fuerza del estado de derecho. A su vez, pudimos observar laefectividad de las coimas en reducir las sanciones, lo que se observó tanto enlas comparaciones intra-tratamiento (comparación entre ciudadanos y rondas siny con oferta de coima) como entre-tratamiento (SinCoima vs. ConCoima).  Discusión: Nuestros resultados muestran cómo las instituciones que limitan elpoder de los funcionarios pueden reducir los costos sociales de la corrupción,aun cuando no la eliminan.