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La crisis de diciembre de 2001, que puso en jaque al modelo neoliberal, marcó un punto de inflexión en la historia argentina reciente. Mucho se ha escrito sobre las causas y las implicancias de esta crisis que atravesó prácticamente todos los niveles analizados hace más de tres décadas por Guillermo O?Donnell en su estudio sobre el Estado burocrático-autoritario (1982, cap.I). No sólo fue la expresión del agotamiento de un modelo de acumulación y una crisis de gobierno, sino que además implicó cuestionamientos generalizados hacia la clase política y algunos actores económicos, dando forma a una crisis de hegemonía de inusitada magnitud (Bonnet, 2008, cap.6; Cortés Conde, 2002; Novaro, 2002; Varesi, 2012, cap.III ). Hasta hoy continúan los debates académicos y políticos en torno a las continuidades y rupturas que se pueden registrar entre el modelo de acumulación que entró en crisis terminal en ese año, y el iniciado tras la devaluación de enero de 2002 (CENDA, 2006; Peralta Ramos, 2007). Resulta evidente que hay un cambio importante en la orientación del accionar estatal: los niveles de intervención han aumentado progresivamente y hoy el Estado gestiona empresas, incide en la asignación del crédito, apuntala sectores estratégicos, controla el mercado de divisas, administra los fondos de pensión, entre otras muchas funciones. Lo que todavía está en duda es si ese giro es suficiente para cambiar los rasgos estructurales del modelo preexistente, es decir, si tras una década de cambio en la orientación de la intervención estatal se han logrado remover características estructurales como la extranjerización de la economía, el alto grado de componentes importados en la producción industrial, los niveles inusitados de concentración en diversos mercados, etc. (Azpiazu y Schorr, 2010; Fernández Bugna y Porta, 2008). Y para entender las dificultades para cambiar estos rasgos estructurales algunos autores advierten que es necesario recuperar las capacidades estatales erosionadas tras décadas de hegemonía neoliberal, ya que si el Estado pretende recuperar un rol activo en la organización económica y lograr una redistribución progresiva de los ingresos, necesita garantizar la eficacia y eficiencia de su accionar (Thwaites Rey, 2011) Precisamente en esta oportunidad se presenta un somero análisis de las continuidades y rupturas detectadas en una de las variables nodales para entender el funcionamiento del modelo de acumulación: la intervención económica estatal (o acción económica estatal para despojarla de todo sesgo ortodoxo).

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