El Sistema Educativo en Argentina. Civilidad, derechos y autonomía, dilemas de su desarrollo histórico

ASCOLANI ADRIÁN (COMPILADOR)

Laborde Editor

Lugar: Rosario; Año: 2009 p. 397

978-987-1315-74-1

Este libro esta compuesto de artículos monográficos que, sin pretensión de ofrecer una visión general de la historia del sistema educativo argentino, permiten recorrer algunas facetas de los problemas que han afectado su funcionalidad con un país que siempre mantuvo la meta de lograr el desarrollo. La selección de textos ha derivado de la circulación que los mismos han tenido en jornadas de Historia de la Educación, donde han sido debatidos, y en otros casos fueron solicitados a especialistas, de modo que se han reunido trabajos originales, escritos por autores que transitan las respectivas temáticas desde hace largo tiempo. En tal sentido, el aporte de esta obra es llenar algunos vacíos en la producción existente, especialmente los relacionados con los estudios  regionales sobre territorios nacionales, y proporcionar reflexiones nuevas sobre los temas que ya vienen siendo tratados por otros investigadores. Haremos a continuación un somero encuadre de los artículos que componen la obra, para facilitar la comprensión de sus conexiones. El campo de la investigación en Historia de la Educación es resultado de un proceso intelectual e institucional en el cual, como ocurre en otros campos académicos, las elecciones y prioridades temáticas y metodológicas tienen menos espontaneidad de lo que suelen pensar quienes han naturalizado una serie de atributos, en base a los usos pragmáticos de la disciplina de enseñanza. Los intereses y referentes comunes actuales, resultantes del cambiante desarrollo político y universitario, en un proceso que transcurrió a lo largo de la última centuria, tienen hilos conductores y una herencia de condicionantes y antagonismos no siempre manifiestos. En función de estos entretelones del conocimiento, este libro comienza con un estado del arte de la historiografía de la educación argentina, en el cual se traza un inventario de la producción, se la somete a la  crítica metodológica y se procura alentar el debate político-académico sobre las posibilidades y limitaciones de este campo de estudio que, aunque discreto, atrae a más de un centenar de investigadores y docentes universitarios argentinos, e incide en todos aquellos alumnos que se forman como profesores universitarios.  Tras este artículo inicial, la obra se organiza en tres problemáticas articuladoras: a) la imposición de controles civilizadores desde el aparato educacional en conformación, asimilados con desigual grado de resistencia por los diversos colectivos sociales, según fuera su relación de identidad o confrontación con las pautas culturales que el Estado y las elites sociales se esforzaban en difundir; b) la paulatina conversión del sistema educativo en un ámbito de expresión y demanda de nuevos derechos, esencialmente políticos y sociales; c) la debilidad institucional y técnico-profesional de este sistema para evitar la subordinación ideológica a las tendencias políticas hegemónicas o bien a las políticas culturales regresivas de los gobiernos de facto. La instauración de la civilidad, como factor fundamental del proceso de modernización económica iniciado en último tercio del siglo XIX, es analizada particularmente en lo referido a la ampliación de las fronteras en el avance sobre el polémico “desierto” de la Argentina decimonónica, carente de “civilización” según la justificación de sus ocupantes, tanto en el plano del paisaje social como del cultural. Las características y dilemas de la lucha contra la barbarie de tal desierto es desarrollada tomando cuatro casos regionales diferentes: la campaña bonaerense, el sur de la provincia de Sana Fe, la zona de los lagos de Patagonia norte, la pradera seca del borde pampeano y el “desierto verde” chaqueño. Estos estudios permiten apreciar varios fenómenos. El primero es el relativo a que la experimentación de la construcción de un aparato de gobierno de la educación ocupó un lugar relevante en las políticas tendientes a generar una nueva ciudadanía, necesaria para alcanzar una gobernabilidad más plena, ya fuera en el caso de la provincia de Buenos Aires –que aquí se toma particularmente-, como el ámbito nacional, con relación a la posterior creación del Consejo Nacional de Educación y los consejos escolares de distrito que de él dependían. La lucha cultural no fue tarea exclusiva del Estado liberal posterior a la caída de Rosas. Diversos actores vinculados a la Iglesia Católica acompañaron el proceso de imposición de las pautas de civilización europeas por la vía escolarizada, tal como lo venían haciendo desde la época colonial, entre ellos las órdenes religiosas, como se verá en el caso de las Hermanas de la Caridad en Rosario, ciudad tan promisoria en lo económico como cercana al límite de las tierras donde los indígenas hacían frecuentes incursiones aún en la década de 1870, y en el caso de las Hijas de María Auxiliadora en Neuquén, quienes, como parte de la obra misional de Don Bosco y los Salesianos, llegaron a ocupar un rol educador más significativo que el Estado en la zona de los lagos neuquinos. La relativa presencia estatal allí advertida puede verse en otros casos regionales: en el Territorio de La Pampa, una región de frontera productiva, tampoco llegó a satisfacer las demandas de los habitantes en el momento inicial de instalación del sistema educativo y los condujo a que procuraran una mayor cuota de autonomía, al propio tiempo que tomaban impulso diversas redes sociales de individuos con intereses comunes en la región. En el Territorio del Chaco, esta insuficiente presencia del Estado tuvo matices, pues la conquista de los indígenas y la lucha contra el bandolerismo aseguraron una presencia militar más estable, no obstante, una dominación e integración económica más estable requería la inculcación de valores y hábitos ajenos a la cultura de los primeros. La ausencia de un Estado regulador y benefactor omnipresente en las expuestas sociedades de frontera, que se habían constituido precariamente a fines del siglo XIX en los territorios nacionales, fue el móvil de constantes demandas de esas comunidades desde el momento en que se fueron consolidando económicamente, cuya evolución tendería a transformarse en el reclamo de autonomía de gobierno, en grado equiparable a las provincias. El sentimiento de una ciudadanía restringida, manifiesto en los territorios, se tradujo en una acción educacional inicial más espontánea, en el caso de La Pampa -que aquí se analiza- y, a la vez, en un constante movimiento de petición de aumento de los derechos políticos y civiles. Es sabido que la ciudadanía y la civilidad fueron consideradas desde mediados del siglo XIX como requisitos del buen elector. Con el cambio de siglo, y en consonancia con las transformaciones sociales y políticas por las cuales bregaban los partidos liberales modernistas, esta obligación cívica se convirtió en un vehículo para la ampliación de los derechos individuales y colectivos. La correlación entre educación formal y programa político –y prácticas- democratizadoras es desarrollada en esta obra tomando la experiencia del Partido Demócrata Progresista, fuerza política nutrida en sus comienzos de las nuevas clases altas y medias de origen inmigratorio del sur santafesino, que otorgó un fuerte papel a la participación de la sociedad civil en la administración del poder político, a través de instancias institucionales como las comisiones de fomento locales y los consejos escolares de distrito. Esta relación dual entre derechos y obligaciones, visible en la cuestión de la ciudadanía política, también es perceptible con respecto a la educación para el trabajo. Las necesidades de la producción agropecuaria e industrial con respecto a la formación de mano de obra capacitada prevalecieron frente a las demandas de esta oferta educativa originadas desde los sectores trabajadores, cuanto menos hasta comienzos de la década de 1940. En el marco de una magra política estatal para reforzar la enseñanza agrícola e industrial, podrá verse entonces como la Unión Industrial Argentina alentará la creación de un régimen de aprendizaje profesional, cuyo corolario fue la creación de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, aunque concretada con propósitos políticos que presagiaban el carácter del gobierno Justicialista que sobrevendría poco tiempo después. Los múltiples objetivos que estaban implícitos en la creación de un subsistema educativo de enseñanza técnica de envergadura -incluso de grado universitario- durante este gobierno, conectan el carácter asistencial de estas políticas con un reajuste de los criterios de ciudadanía, en función de la doctrina partidaria que se convertiría durante varios años en Doctrina Nacional. Esta unidad y tensión entre elementos democratizadores y viejas consignas conservadoras o inoportunamente filo fascistas se pudo se manifiesto en las Jornadas El gobierno Justicialista modificó en gran medida la estructura burocrática que gobernaba el sistema educativo, estableciendo cambios también intensos en el aspecto curricular y en las finalidades sociales de los niveles educativos primario, secundario y profesional, estatalizando en gran medida su financiamiento, al aumentar los subsidios al subsistema privado. La pérdida de autonomía técnico-profesional del sistema educativo se hizo notoria con la ingerencia partidista en el ámbito escolar. En contrapartida, el gobierno de la Revolución cívico-militar de 1955 concentró sus acciones casi absolutamente en desmantelar la peronización escolar y universitaria. La Iglesia Católica es un actor sumamente interesante de analizar pues, por diferentes circunstancias, fue aliada tanto de vencedores como de vencidos aunque, claro está, en momentos diferentes, y la revista Criterio es un escenario fundamental para hacerlo. En 1958, la sucesión presidencial recayó, fruto de acuerdos políticos coyunturales, en el desarrollista Arturo Frondizi, quien se enfrascó en la reestructuración racionalizadora de los órganos burocráticos del sistema educativo, en un intento de reforma legal que finalmente fue dejado en el olvido por el circunstancial gobierno de José María Guido. El estilo de la censura e imposición ideológica volvería casi inmediatamente, con el gobierno dictatorial de Juan Carlos Onganía (1966-1970), cuya política universitaria e intento de reforma integral del sistema educativo cosecharon un firme rechazo y oposición de los actores educacionales, y se reeditaría, potenciado en un grado antes inimaginable, durante la dictadura de la Junta Militar (1976-1983). Las particularidades de la transición a la democracia son analizadas en dos casos concretos, uno referido a los manuales de civismo y otro a la política educacional de la provincia de Salta, cuyo gobierno pertenecía a las filas del partido Justicialista, pudiendo observarse las limitaciones y los avances en el proceso de afirmación de conductas democráticas desde el ámbito escolar y de fortalecimiento del derecho a una educación pública y socialmente útil. El carácter parcial de esta democratización, con sus retrocesos en la década de 1990, puede apreciarse en el caso de los criterios y condicionantes que el Banco Mundial impuso a la conducción educativa que emprendió la reforma del sistema educativo en su conjunto, en 1993 y 1994, estudiándose detenidamente en el artículo final que compone este libro su incidencia en el ámbito universitario.