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Tan antiguo como es la existencia de la desigualdad social, es el interés por la caracterización de la calidad de vida, tanto a nivel de individuos, como de hogares y de comunidades. Ya en la Antigüedad Clásica, los pensadores y filósofos se preguntaron acerca del significado de estas cuestiones: la disquisición sobre la felicidad como bien supremo de Aristóteles, el concepto de bien indagado por Platón, entre otros. Sin embargo, la aparición del concepto de calidad de vida como tal es relativamente reciente (Espinoza Henao, 2004; 5-8). A pesar de que ya había sido tratado de una manera embrionaria (aludiendo a la felicidad) por los economistas clásicos del siglo XIX, su popularización data de la década de los sesenta. En esos años, emerge un creciente interés por analizar el bienestar humano, de la mano del afianzamiento del Estado de Bienestar. Responde a la necesidad de revisar los objetivos de la política pública, dando supremacía a la generación de empleo, la reducción de la desigualdad social, la eliminación del paro y la satisfacción de las necesidades básicas. A principios de los ochenta, los estructuralistas de la CEPAL incorporan la noción de calidad de vida al debate sobre los estilos de desarrollo de América Latina Más allá de su acepción, lo primero que es menester identificar es que la noción de calidad de vida no es un concepto cosmopolita, sino que su naturaleza es fundamentalmente subjetiva. Esto es así dado que en él se reflejan las diferencias culturales, históricas y temporales. Al respecto, existen algunos estudios que han indagado sobre las distintas percepciones que tienen los individuos sobre su calidad de vida en base a encuestas de opinión (BID, 2008; 3-4). Por otro lado, no menos importante es el hecho de que se trata de un fenómeno de carácter multidimensional. Un simple indicador o ámbito analizado suele resultar insuficiente a la hora de proporcionar una imagen de la calidad de vida en una sociedad. Sin embargo, y pese a la complejidad intrínseca de este fenómeno, repetidos han sido los esfuerzos por obtener una medida objetiva del fenómeno de la calidad de vida, a fin de posibilitar su comparación tanto de manera transversal como temporal. Contemporáneamente con la popularización del concepto de calidad de vida, las ciencias sociales iniciaron su camino de desarrollo de indicadores que permitieran medir el bienestar de una población. En un primer momento, dichos indicadores se apoyaron exclusivamente en elementos objetivos, como las condiciones económicas y sociales, y evolucionaron hasta incluir algunos elementos subjetivos. Aún hoy no existe consenso sobre la definición de calidad de vida. Sin embargo, este tema, tanto a nivel teórico como a nivel operacional, dista de haber llegado a un estado de madurez. Ya en la década del cuarenta comenzó a medirse la actividad económica, que da cuenta de ciertos aspectos relativos a la calidad de vida, pero sólo se hacía referencia a los bienes y servicios (Camou, Maubrigades, 2005; 1-4). El indicador más comúnmente empleado desde entonces es el PIB per cápita, pero fue sometido a numerosas críticas. Camou y Maubrigades señalan que las investigaciones que usan este indicador han arrojado resultados contradictorios con otras mediciones de calidad de vida (esperanza de vida, nivel educativo, etc.). Las principales limitaciones del PIB per cápita como indicador de bienestar: omisión de la distribución del ingreso y de la economía informal; inclusión de ciertos bienes y servicios que no presentan una mejora en la calidad de vida (como las armas); necesidad de una valoración monetaria de bienes y servicios. Frente a estas limitaciones, se erigieron otras líneas argumentales que intentaron dar respuesta a la insatisfacción con el PIB per cápita como indicador de calidad de vida: el enfoque de las necesidades básicas y el de las capacidades, de Amartya Sen (Sen, 1992). El primero define una canasta de bienes y servicios necesarios para una vida digna, mientras que el segundo, más amplio por definición, incluye el concepto de capacidades básicas de los individuos que les posibilitan adquirir y elegir los bienes y servicios básicos que consideran necesarios para tener una vida mejor. Es esta última concepción que contraría la idea de estimar el bienestar según el ingreso o canasta de bienes. Sin embargo, estas innovaciones se ven restringidas por la dificultad de conseguir información con tal nivel de detalle. Desde la perspectiva del desarrollo humano, surgió el Índice de Desarrollo Humano (IDH), utilizado por Naciones Unidas desde 1990, que incorpora los conceptos anteriormente mencionados. Este indicador mide el éxito promedio de un país en alcanzar mejoras en torno a tres dimensiones básicas del desarrollo humano: vida larga y saludable, conocimientos y nivel aceptable de vida. Sin embargo, dada la arbitrariedad de su construcción (se trata de un índice ponderado con pesos específicos) y la imposibilidad de realizar comparaciones interpersonales a partir del mismo, se ha suscitado gran discusión acerca de su alcance y utilidad práctica. En paralelo a todos los indicadores comentados, y subyacente a la idea de calidad de vida, está el concepto de pobreza. La pobreza es también un fenómeno multidimensional y subjetivo (Serrano Moya, 2002;1-4). Las numerosas definiciones dadas por organismos internacionales y numerosos autores apuntan a privación, carencia, de recursos o medios de subsistencia. Se trata de un concepto material y de necesidades. La medición de la pobreza se realiza en un marco arbitrario, basado en elementos materiales, como el ingreso o el consumo. Existen numerosos métodos y construcciones complejas al respecto, pero la metodología que ha sido hegemónica es la de la Línea de Pobreza, que clasifica a individuos u hogares como pobres si su ingreso no alcanza a cubrir una canasta básica que incluye alimentos y otros bienes esenciales (salud, educación, vestimenta, vivienda, etc.). Sin embargo, y a pesar de ser el indicador dominante en los estudios de calidad de vida debido a su simpleza de cálculo y la consiguiente posibilidad de comparación internacional e intertemporal, conlleva la limitación de ser unidimensional, lo cual confronta con la realidad de un fenómeno multidimensional como es el bienestar. Múltiples respuestas han sido propuestas para este inconveniente. Una de ellas es el concepto de vulnerabilidad. Una postura muy difundida en los estudios latinoamericanos es la de la Comisión de Estudios para América Latina (CEPAL, 2002:1-8). En este marco, se define a la vulnerabilidad como la cualidad de lo que puede ser herido o recibir lesión física o moralmente. Se definen tres elementos que deben concurrir a fin de que se materialice un daño: un evento potencialmente adverso, una incapacidad de respuesta y una inhabilidad para adaptarse al nuevo escenario. La condición de vulnerabilidad así definida queda referenciada al contexto y situación particular bajo estudio. El enfoque en cuestión rescata el carácter multifacético de la noción de vulnerabilidad. A fin de circunscribir la noción para que pueda ser operacionalizada, limita el objeto de estudio a la vulnerabilidad sociodemográfica, haciendo énfasis en los aspectos sociodemográficos de la vulnerabilidad. Sin embargo, cabe mencionar la limitación que presentan esta acepción de vulnerabilidad para identificar grupos sociales. No se puede soslayar el hecho de que ninguna de ellas incluye la percepción de los riesgos, que son incluidos en la noción de vulnerabilidad. Además, al enfocarse en identificar grupos homogéneos internamente y heterogéneos entre ellos, dejan de lado las diferencias intragrupales que hacen a la capacidad de respuesta y la habilidad de adaptación de los individuos, matices reconocidos como básicos dentro de la conceptualización de vulnerabilidad. Una de las líneas de pensamiento abierta por CEPAL alude a la relación entre la vulnerabilidad social y el concepto de activos. Surge del reconocimiento de que la medición de la pobreza como carencia de ingresos alude en el fondo a la insuficiencia de activos (dentro de los cuales se incluye al ingreso). La vulnerabilidad se caracteriza por un déficit de activos, su devaluación o la inhabilidad de manejarlos, creando debilidad en los individuos para afrontar dos riesgos sociales básicos: la pobreza y la movilidad socioeconómica descendente. A partir de este enfoque y de otros que han propuesto la consideración de activos (Moser y Felton, 2007; 1-2), Kaztman propuso su línea de pensamiento que complementa la propuesta con la incorporación de la estructura de oportunidades, acercándose a la medición del riesgo. La consideración de la condición de pobreza o vulnerabilidad (riesgo de experimentar movilidad social descendente) proporciona sólo una imagen parcial del bienestar o la desigualdad social. Los individuos de una sociedad detentan diferentes grados de vulnerabilidad (condición más de tipo individual) independientemente de su posición relativa en la estructura social (refiriendo a un rasgo principalmente de tipo relacional o relativo al resto de los individuos de la sociedad). Pero este posicionamiento también es determinante del bienestar, es decir, de la calidad de vida, y de ahí que el análisis de vulnerabilidad arroja sólo una imagen parcial. No menos importante es entonces la dimensión relativa a la estratificación o estudio de clases, que se ocupa del análisis de la estructura de clases sociales en una comunidad. Los estudiosos en este tema han debido enfrentar el dilema respecto a si tomar como criterio de estratificación elementos socioeconómicos o si hacerlo en base a patrones culturales. Los que han optado por la primera alternativa, argumentan que es la única forma de alcanzar un enfoque empírico y cuantitativo (y no simplemente valórico y normativo). Susana Torrado es una investigadora argentina inscripta en esta línea argumental, ya que plantea una metodología de estratificación social en base a atributos económicos u ocupacionales. En su libro Estructura Social de la Argentina 1945-1983 (Torrado, 1992), la autora analizó la evolución de la estructura social de este país, empleando los censos de población de 1947, 1960, 1970 y 1980. A partir de las variables relativas a la inserción en el mercado laboral, la autora construyó una variable denominada Condición Socio-Ocupacional (CSO), consistente en una delimitación empírica de estratos ocupacionales, a fin de operacionalizar el concepto de clase social. En otro artículo de su autoría, Estrategias de desarrollo, estructura social y movilidad, Torrado amplía el período de análisis comenzando desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX (con el Censo 1991). Una particularidad de los trabajos de Torrado es la vinculación analítica que hace de la estructura social con los modelos de acumulación o estrategias de desarrollo. En este artículo se propone la posibilidad de combinar ambas miradas (la de la vulnerabilidad social y la de la estratificación)[1]. Como ambos son enfoque dentro de la rama de la desigualdad social y la calidad de vida, cada uno cuenta algo distinto acerca del complejo fenómeno multidimensional de la situación social de los individuos y hogares. Es así que, para tener una imagen más completa de la realidad social en la que están inmersos los individuos, sería factible operacionalmente cruzar ambas. El resultado sería una matriz, en cuyas casillas estarían los individuos que comparten el mismo grado de vulnerabilidad y se hallan dentro de la misma clase social. Se podría decir que estos individuos tienen más características sociales comunes que si sólo se considera al colectivo de una clase social, o al grupo que comparte un mismo grado de vulnerabilidad Se gana en calidad analítica, sin agregar complejidad a la operacionalización, ya que es posible hacer esto en base a enfoques que ya tienen un correlato en la aplicación empírica. Apelando a la intuición, se podría decir que una caracterización tal es particularmente importante para los individuos de clase media, que están a mitad de camino entre los extremos alto y bajo de la estructura social. Identificar a los individuos de clase media que son altamente vulnerables o propensos a experimentar una movilidad social descendente, y distinguirlos de aquéllos que, perteneciendo a la clase media no tienen alto riesgo de caer en la pobreza, es de particular imporancia para el diseño de la política social. Ésta no suele tener un carácter preventivo, sino que está dirigida a los grupos que ya se hallan en situación de insuficiencia de ingresos. Sin embargo, debería ampliar su objetivo a aquéllos que, a pesar de tener condiciones de vida aceptables, se encuentran más expuestos ante cualquier contingencia negativa. Y suele ser la clase media justamente el grupo donde se halla la mayor parte de dichos individuos. El cruce de los enfoques de vulnerabilidad y de estratificación podría aportar un método de comprobación empírica de la hipótesis aquí planteada.  En el presente ensayo se revisará, en primer lugar, la experiencia en América Latina que ha servido de semillero para las ideas de Kaztman y Torrado. Luego se continúa presentando el enfoque de Kaztman, haciendo una breve referencia a Caroline Moser, su precursora. Finalmente, se abordan los estudios de estratificación clásicos, concentrando la atención en el enfoque de Susana Torrado. El ensayo culmina con algunas reflexiones acerca de las líneas teóricas aludidas. [1] Cabe aclarar que es posible efectuar un cruce entre vulnerabilidad social y estratificación dado que la vulnerabilidad no entraña una clase social (la de los vulnerables), sino que se trata de una condición de riesgo que puede estar presente en cualquier clase social.