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Este tratado explora los diversos alcances y contenidos del derecho a la salud desde un enfoque de derechos humanos, integrando la mirada de las ciencias sociales, la ciencia política, la economía y la filosofía política. Este enfoque se desmarca de la perspectiva civilista tradicional, que se centra en la relación médico- paciente, paciente-empresa prestadora de servicios de salud y las responsabilidades que surgen de estas relaciones. Por el otro lado, se desmarca también de ciertos enfoques sesgados de la seguridad social que sólo se ocupan del derecho a la salud en tanto surja de la relación de empleo formal. En todo caso estos y otros contenidos del derecho a la salud se abordan en esta obra desde una mirada que parte de la pregunta por las condiciones materiales que permiten (u obturan) el goce efectivo del derecho a la salud. En esta línea se imponen las reflexiones sobre concepciones del derecho a la salud desde una mirada del derecho público, lo que indudablemente incluye reflexiones sobre sus bases constitucionales, sobre el derecho internacional de los derechos humanos, sobre el derecho latinoamericano, sobre el derecho de la integración, el derecho provincial, y el derecho comparado tomando en cuenta las distintas concepciones de Estado, y los principios estructurantes de igualdad y de autonomía. Los sistemas de salud (público, privado, de la seguridad social) conforman parte del centro del desarrollo argumentativo de los trabajos aquí incorporados, desde las perspectivas del derecho nacional y federal (argentino), del derecho provincial, del derecho latinoamericano y del derecho comparado. El recorrido por los respectivos capítulos que responden a este centro argumentativo se pueden leer en clave de preguntarse en qué medida el diseño, implementación de esos sistemas en los diversos contextos sociales, políticos y culturales en que se juegan generan ?condiciones de vida digna? como presupuesto del adecuado funcionamiento de la democracia. Así, varios capítulos de este libro analizan los sistemas de salud deteniendo la mirada en el papel que juegan los Estados nacionales, pronviciales, locales u otros órganos estatales descentralizados. Con menores o mayores matices los trabajos hablan del requerimiento de un Estado más presente y, por ende, más desarrollado, con mayores recursos y mejores mecanismos de relevamiento de necesidades y distribución de recursos (re-distribución), de participación de las personas afectadas (reconocimiento). En este sentido se orientan varios capítulos dedicados al análisis de las políticas públicas y el cumplimiento de estándares adecuados en materia de derecho a la salud. Otros trabajos giran en torno al requerimiento de mecanismos eficaces de control Así, la revisión y control de acciones (u omisiones) estatales en materia de salud requiere de administraciones y de un poder judicial accesibles a este tipo de demandas y con una capacidad de intervención relevante sobre la agenda pública, al igual que una cultura jurídica favorable al activismo judicial. La otra parte del centro de los desarrollos argumentativos de este libro está constituida por la estructura y las herramientas argumentativas y procesales para la exigibilidad del derecho a la salud. Estos desarrollos parten a nuestro entender de la apuesta por recuperar la perspectiva de los afectados como sujetos individuales y/o colectivos. Estos trabajos parte del presupuesto de que la interpretación del derecho a la salud desde el principio de ciudadanía social advierte que cualquiera podría exigirlo en tanto habitante de un Estado sin importar si se encuentra o no bajo una relación formal de trabajo. Así, todos estos trabajos reposan sobre el principio de exigibilidad del derecho a la salud. Por un lado, algunos capítulos se ocupan de las funciones y el papel que les cabe a los tribunales en la exigibilidad del derecho a la salud y las relaciones que estos establecen con la administración pública por un lado y con el activismo experimentalista por el otro. Estos capítulos presentan a nuestro entender un común denominador: los tribunales están legitimados para controlar por acción u omisión el accionar estatal que obtura la efectivización de los derechos en tanto ese control posibilite generar las condiciones de participación democrática en especial para aquellas personas que se encuentren en peores condiciones estructurales para participar. En más o en menos, las Cortes justifican su papel si devienen en una voz institucional para grupos sociales que de otra manera no tendrían acceso al proceso politico. Sin embargo, los restantes capítulos de esta parte del libro no se detienen en los desacuerdos más allá de ese común denominador. En este sentido consideramos que existe una línea de trabajo robusta que partiendo de la base de la exigibilidad del derecho a la salud, discute si se requiere de Cortes blandas y Cortes duras no en forma dicotómica pero como un continuum (Tushnet; Rossi/Filippini en el ámbito latinoamericano); de Cortes deferentes, Cortes razonables, Cortes activistas (Lovera Parmo) y con mayor grado de sofisticación de una tipología de revisión judicial, que distingue cinco tipos de revisión: deferente, de conversación, experimentalista, de gestión y posiciones imperativas. Si bien todas estas propuestas giran en torno a cimentar la legitimidad de las Cortes en la medida en que permitan inyectar al proceso político las voces de los excluidos, estas propuestas no profundizan en pensar en las herramientas argumentativas por las que se podrían canalizar estas voces. Por el otro lado, entonces, he aquí la apuesta a recuperar la perspectiva de los afectados. Varios capítulos de este libro se encargan de la ampliación de un instrumentario procedimental, procesal y argumentativo del derecho a la salud para la exigibilidad del cumplimiento de las obligaciones estatales y de los particulares que prestan servicios de salud. Varios capítulos desarrollan una dogmática ?o mejor aún, una pragmática- del derecho a la salud, orientada a facilitar la articulación de esta clase de demandas. Entre ellos, algunos se encargan de la reconstrucción, análisis crítico y sistematización de criterios interpretativos provenientes de diversas usinas de producción del derecho (ya sea de procedencia del nacional, local, del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho comparado). Otros se encargan de la reconstrucción de herramientas argumentativas de exigibilidad; otros proponen volver a visitar las herramientas procedimentales y procesales para ganar nuevas formas de exigibilidad individual o colectiva. Así, interpretamos que estos trabajos se inscriben en la línea de investigación del constitucionalismo igualitario que se preocupa por las cuestiones argumentativas desde la perspectiva de los actores (llamado empoderamiento). Por último, apostamos a que esta obra colectiva se convierta en un material de interés no sólo para académicos, investigadores y políticos, sino para aquellos operadores jurídicos, agentes sanitarios, trabajadores sociales y promotores que cotidianamente luchan por el goce efectivo del derecho; más aún cuando los afectados son personas que se encuentran en situación de desventaja estructural (niños y niñas, personas con discapacidad, mujeres, comunidades indígenas, personas de edad avanzada, migrantes). De esta manera intentamos dar, desde la versión de distintos especialistas en la materia (académicos, investigadores en derecho, ciencias sociales, ciencia política, economía; jueces, abogados, fiscales, defensores oficiales, médicos), una mirada holística que permita lograr un acercamiento al derecho a la salud que considere sus múltiples dimensiones.

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