El derecho a la alimentación de los niños, la presunción de exclusión y la necesidad de cambiar el estándar de control de las obligaciones estatales iusfundamentales. "Rodríguez", "Comunidad Toba del Chaco" y la sombra de "Ramos"

CLÉRICO LAURA

Lexis Nexis - Jurisprudencia Argentina

Jurisprudencia Argentina LexisNexis

Lugar: Buenos Aires; Año: 2007 p. 1 - 34

0326-1190

En este trabajo pongo a prueba las discusiones sobre la presunción de legitimidad/constitucionalidad de las acciones u omisiones del Estado cuando se refieren a restricciones intensas al derecho a la salud y a la alimentación, en su faz de derechos a la libertad fáctica, en contextos de exclusión social, cuyos titulares pertenecen a grupos desaventajados que requieren un accionar positivo del Estado para poder escapar de esa situación -art. 75  , inc. 23, CN. Además, cuando el acceso real a la justicia -a efectos de reclamar que se garantice, por lo menos, un contenido mínimo del derecho a la alimentación (com parte del derecho a la salud)- sigue siendo difícil para varios integrantes de grupos desaventajados, por ejemplo, por falta de servicios jurídicos gratuitos suficientes, entre otras causas. Es decir, ¿debe el juez ser ciego al contexto de exclusión social en el que se inserta el reclamo judicial y que, por lo general, surge del expediente? Y si, por el contrario, es una obligación tener en cuenta el contexto social, ¿cómo incide éste en los estándares de control del cumplimiento de las obligaciones del Estado cuando éstas se relacionan directamente con ese contexto de exclusión? ¿Puede seguirse sosteniendo que es el particular afectado quien debe demostrar y justificar acabadamente que es el Estado quien incumple con sus obligaciones iusfundamentales? ¿O basta con que lo alegue para que se corra la carga de prueba y la carga de la argumentación al Estado? ¿Es aún peor si el juez hace referencia al contexto de exclusión, lo califica como una situación de "desamparo", como "un drama social", pero no lo relaciona con el caso concreto aunque esa relación esté planteada en el expediente? La presunción de constitucionalidad de los actos estatales se analiza en su conexión con el examen de razonabilidad/igualdad por acción insuficiente.