Impacto de la Ley de Promoción de Economía del Conocimiento en el sector audiovisual. El caso de Córdoba

DANIELA MONJE; VICTORIA BATISTON; LUCÍA CERESOLE; MARÍA O´DWYER

2021-07-01/2022-07-01

Social

Comunicaciones

En marzo de 2020 -pocos días antes de que nuestro país ingresara en el mapa global de la pandemia- iniciamos un proyecto de investigación en la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), enfocado en la línea de estudios sobre Políticas de Comunicación y Cultura desde donde producimos y reflexionamos desde hace más de una década. Nuestro interés en ese momento era indagar sobre el futuro desarrollo del sector audiovisual en el marco de la Economía del Conocimiento, habida cuenta de su inclusión como parte de reformas legislativas que aún se discutían en sede parlamentaria. El presente trabajo fue producido por Daniela Monje, María O´Dwyer, Lucía Ceresole y Victoria Batiston, integrantes del proyecto de investigación. Dicho espacio de trabajo se encuentra dirigido por Silvina Mercadal y también es integrado por Gabriel Montali. En efecto, la Ley 27506/19 conocida como Régimen de Promoción de Economía del Conocimiento luego modificada por Ley 27570/20, inaugura una nueva línea de indagaciones en torno a políticas de infocomunicación. Sin embargo, y teniendo en cuenta el período de excepción y aislamiento obligatorio decretados en marzo de 2020, su reglamentación se hará efectiva recién en diciembre de ese año y, por tanto, el impacto en el sector sólo puede evaluarse a partir de 2021. Para nuestro equipo de investigación esta temática, que podría aparecer como periférica en el marco de las expectativas de una ley que originalmente estaba dedicada a promover la industria del software -y que, solo luego de muchas discusiones logra incorporar a un segmento del sector audiovisual- representó un desafío en tanto la información que requeríamos para pensar al sector audiovisual en clave de Economía del Conocimiento (EdC) no se encontraba sistematizada. Más aún, al tratarse de un territorio en formación, incluso la institucionalidad desde la cual se inició el diseño de políticas públicas tanto nacionales como provinciales debía ser creada.Por tanto, nuestra decisión implicó avanzar en la construcción de un estado del arte que pudiera dar cuenta de un proceso histórico específico, lograra exponer un contexto político y legislativo, aportara datos de la EdC a nivel general y sobre el sector audiovisual en particular, recuperara voces de las y los interesados, propusiera una sistematización de información publicada en medios de comunicación y espacios de transferencia, y permitiera enfocar un estudio de caso dentro de nuestro margen de posibilidades, razón por la cual el estudio empírico se circunscribe a la provincia de Córdoba.La línea de indagación teórica se enfoca en la dinámica del cambio e innovación tecnológico, el posicionamiento del Estado en relación a esta agenda y el diseño de políticas relativas a la economía de la cultura y el conocimiento, particularmente en lo que se refiere al Régimen de Promoción de Economía del conocimiento creado por Ley N° 27506/19 y al conjunto de sus modificatorias. Aun cuando la mencionada normativa implica la promoción de beneficios fiscales al conjunto de las actividades de la Economía del Conocimiento, esto es, entre otras a las vinculadas a software y servicios informáticos y digitales; producción y postproducción audiovisual, biotecnología, nanotecnología e industria aeroespacial y satelital, como venimos mencionando nuestro trabajo buscó recortar lo específicamente vinculado al sector audiovisual, en el supuesto de que podrían generarse a partir de esta normativa, importantes desplazamientos en los ejes de política de comunicación audiovisual nacional. Esto es, no sólo en virtud de los fondos de fomento (FONPEC) y exenciones o reducciones impositivas que generase la ley, sino además en cuanto a la consideración de los actores del sector en clave de una economía de la cultura que puede oscilar entre el resguardo y la ampliación de derechos o su adelgazamiento en términos de lo que la industria demanda en relación a eficiencia y rentabilidad. En ese punto, nuestra mayor inquietud se colocó en relación a los actores no lucrativos (cooperativas y mutuales) y a los límites y posibilidades de despliegue en el marco del nuevo régimen.De esta forma, surgen algunos interrogantes, a modo de preguntas disparadoras para pensar en el asunto, siempre teniendo en cuenta las opiniones de las y los trabajadores del sector que han brindado información fundamental, ya que son sus experiencias las que, en la práctica, nos exponen las condiciones en que trabajan y las aspiraciones y desafíos futuros en el marco de una economía del conocimiento: ¿Cómo contemplar los modos de organización y trabajo de todas las organizaciones que componen el sector? ¿Cómo generar instancias y herramientas que beneficien y no desalienten a las pequeñas productoras? ¿De qué manera se podría comunicar de una manera más simplificada y eficaz los beneficios y requisitos de la ley? ¿Cómo salir de la teoría para sumergirnos en la práctica y en los ejemplos concretos de aplicación de la ley?