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El modelo de acumulación por desposesión y los ajustes espacio temporales asociados (Harvey, 2004), sumado a las políticas aperturistas llevadas a cabo por los Estados neoliberales latinoamericanos, favorecen desde la década de 1990 el ingreso de grandes capitales internacionales a la región. Estos flujos se direccionan hacia sectores extractivos localizados en territorios construidos simbólicamente como ?desiertos?, ?vacíos??(Schweitzer, 2013).El capital global produce escalas de acuerdo a su conveniencia (Smith, 1988), convirtiendo a los territorios nacionales en espacios de la economía internacional (Santos, 1993). De acuerdo a esta lógica, se despliegan nuevos circuitos (Santos, 1996) que desorganizan las estructuras productivas y las territorialidades previamente construidas, conduciendo a conflictos ecológico-distributivos (Martinez-Alier, 2006). Las disputas generadas en estos conflictos se fundan en la desigual apropiación de los recursos y la diferencial afectación que conlleva su uso.Históricamente, la provincia de Santa Cruz se construyó y experimentó diversos ciclos económicos asociados con ciertas actividades asentadas en el aprovechamiento de los recursos de suelo y subsuelo, desde la ganadería ovina y la explotación carbonífera e hidrocarburífera, hasta el auge de la minería metalífera, la pesca y el turismo durante las últimas décadas (Godoy, Fasioli,Valiente & Schweitzer, n.d.; Schweitzer, 2013; Schweitzer, 2014; Acconcia & Muñoz, 2008). Cada nueva forma desplegadas territorialmente, desarticula los circuitos espaciales previos (Santos, 1996), incidiendo en las dinámicas demográficas y la presión sobre el mercado de tierras para vivienda o alimentación, el acceso al agua, la recreación, entre otros. Las limitaciones derivadas de la escasez, distribución o propiedad de los recursos, generan luchas por el territorio cimentadas en territorialidades con valorizaciones diversas y que responden a demandas de distinto origen -global, regional y/o local -.El territorio se fragmenta, se polariza, reproduciendo lógicas de marginalidad (Varesi, 2013) y despojo. En afán de responder a las demandas globales, se produce una alienación territorial y una expropiación eco-biopolítica (Machado Aráoz, 2013). Cada actor y agente económico mantiene proyectos de territorio a nivel local que demandan determinadas condiciones para llevarse a cabo.La presión, el uso y la lucha por el territorio pueden estudiarse recurriendo a variadas herramientas, tanto cuantitativas como cualitativas. El gasto ambiental puede ser medido a través de la ?familia de huellas?, entre las que destaca la huella ecológica (Galli et al., 2012; Wackernagel, 2001) y su relación con la biocapacidad (Guerrero & Guiñirgo, 2008), la huella hídrica o el agua virtual (Allan, 1999; Parada-Puig, 2012; Pengue, 2006; Velázquez, 2010). Asimismo, los sistemas de información geográfica ofrecen grandes potencialidades para analizar estos conflictos, a través de recortes espacio-temporales específicos. El estudio puede complementarse con otras formas de acercamiento al objeto de estudio, entre las que destacan las entrevistas en profundidad a los distintos actores territorializadores y el análisis de documentos relevantes de producción regional.En resumen, el aprovechamiento territorial que llevan a cabo los distintos actores/agentes económicos y las territorialidades que los caracterizan, genera conflictos ecológico ? distributivos que ponen en tensión el actual modelo de acumulación y la apropiación desigual del capital que se produce en la provincia de Santa Cruz.

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