Prerrogativas estatales y políticas culturales en la provincia de Buenos Aires. Aproximaciones al fenómeno de ?desperonización? de las asociaciones privadas en Bahía Blanca (1956-1970)

JULIANA LOPEZ PASCUAL

Mar del Plata

Congreso; XVI Jornadas Interescuelas-Departamentos de Historia; 2017

Universidad Nacional de Mar del Plata

El problema de la dinámica del Estado y las formas en las que la sociedad civil ha construido distintas vías de articulación con él se han convertido en los últimos años en tópicos de creciente interés historiográfico en la producción académica que analiza las sociedades occidentales contemporáneas (Poirrier, 2000 y 2006; Plotkin y Zimmermann, 2012). En el ámbito de las actividades culturales, las políticas públicas y los espacios asociativos se presentan como objetos de estudio centrales para la reconstrucción empírica y situada de fenómenos relativos a esos interrogantes. Desde ese presupuesto, este trabajo intenta aportar algunos conocimientos empíricos relevantes al tema a partir de la observación de los documentos de la Asociación Artistas del Sur (Bahía Blanca) -entre otros- y de su derrotero institucional a partir de 1955, procurando complejizar la reflexión al tomar en cuenta la variable regional en la perspectiva analítica. En este sentido, se buscará comprender cómo se manifestaron las tensiones entre lo privado y lo público a partir de las transformaciones operadas por la creciente intervención del Estado provincial en el escenario asociativo; si la ampliación de los elencos y las incumbencias de la administración pública fue uno de los procesos distintivos dentro de la gestión justicialista (Fiorucci, 2011; Berrotarán, 2012; López Pascual, 2016), el derrocamiento de su líder en septiembre de 1955 no implicó la desestructuración de las prerrogativas estatales. En efecto, el comienzo de la serie de intervenciones mediante las cuales se procuró cumplimentar la meta de ?desperonización? de los organismos privados se produjo a partir de las directivas emitidas por la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense desde 1956, que indicó así los tiempos y los procedimientos necesarios para llevar adelante la tarea. Al cabo de una década, la voluntad regulatoria había desembocado en una intrincada legislación que ampliaba y detallaba la normativa y las incumbencias de la administración pública sobre las personas jurídicas y establecía Registros (provinciales y municipales) de Entidades de Bien Público que, en última instancia, estipulaban el acceso a las partidas presupuestarias y los subsidios económicos de los que dependía su funcionamiento. De este modo, el relativo rol de patrocinio que algunos sectores de la sociedad civil habían comenzado a adjudicar al Estado desde inicios del siglo XX (Agesta, 2016) resultaba tensionado y complejizado por la consolidación de unas prácticas en las que se consensuaba su función de árbitro y garante de la legitimidad asociativa.