Educación Superior y Pueblos Indígenas en América Latina: . Brechas entre Normas, Políticas y Prácticas

DANIEL MATO

Buenos Aires

Simposio; Coloquio Educación superior y pueblos indígenas. Entre los derechos consagrados y su aplicación plena; 2015

Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados - CIEA, UNTREF

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (la OIT) que ha sido ratificado hasta la fecha por catorce países latinoamericanos establece un conjunto de derechos para los Pueblos Indígenas que son de cumplimiento obligatorio para los Estados que lo han ratificado. Este Convenio y las reformas constitucionales y legislativas realizadas desde 1988 en la mayoría de los países latinoamericanos establecen contextos normativos favorables para revertir algunas inequidades que afectan particularmente a los pueblos indígenas. Pero las Constituciones y las leyes no causan efectos por sí mismas. Para que los causen se necesitan políticas públicas específicas, dotadas de presupuestos suficientes. El campo de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina presenta una inmensa brecha entre lo que dicen constituciones y leyes y las prácticas de las instituciones públicas. Las universidades pueden jugar papeles muy importantes para que los derechos establecidos respecto de estos temas se cumplan. Pueden educar a sus propios docentes y funcionarios, así como a los profesionales que se forman en su seno y que luego ocupan importantes posiciones sociales, para acabar con todas las formas de racismo que vergonzosamente nos afectan. Además, pueden desarrollar programas específicos destinados a cumplir con los derechos establecidos, y también pueden capacitar funcionarios públicos en estos temas. Pero están haciendo muy poco, y muy tímidamente.