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Entre 1946 y 1955, el Estado nacional implementó un programa de políticas orientadas a la nacionalización y universalización de los servicios públicos, entre ellos el eléctrico. En la provincia de Buenos Aires, el Estado provincial asumió un rol activo como prestador directo del servicio eléctrico y orientador en la política energética para responder al aumento de la demanda, aunando esfuerzos con Municipios y cooperativas. No obstante, las deficiencias del sector eléctrico pusieron de manifiesto limitaciones gubernamentales para la instalación efectiva de un servicio público universal, en el contexto de la denominada democratización del bienestar. En particular, en pequeñas localidades del interior de la provincia, donde las bajas densidades y las enormes distancias imponían restricciones a la expansión de los tendidos. Además, las políticas públicas -entendidas como acciones u omisiones- generaron situaciones de alta conflictividad social, en muchos casos silenciadas por el gobierno o invisibilizadas por los investigadores. En este marco, el trabajo se propone examinar, a partir de un estudio de caso (localidad de Bartolomé Mitre, luego denominada Arrecifes), los problemas que en la etapa peronista hubo para garantizar la universalidad de un servicio público esencial para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de pueblos bonaerenses. En esta línea, indaga el impacto social y político del problema eléctrico, colocando el foco en el papel de la acción colectiva y la modalidad de intervención del Estado en relación a la cuestión. ¿De qué modo los conflictos desatados a raíz de la precariedad del servicio impactaron en el escenario político? Éste es el principal interrogante que, con fuentes gubernamentales y periodísticas, la ponencia procura responder.

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