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Los derechos colectivos cuestionan un sistema de propiedad intelectual que no da cuenta de la realidad intercultural y multicultural de los contextos latinoamericanos o de los componentes éticos esenciales de los conocimientos tradicionales. Una política pública adecuada para la protección de los CT asociados a las semillas no puede contemplar procesos de titularidad individual o de separación entre los llamados componentes tangibles e intangibles. La perspectiva de derechos colectivos como sustento de protección de los CT asociados a semillas implica la concreción de medidas que garanticen el reconocimiento de las comunidades que los detentan como sujetos colectivos y de la existencia de bienes colectivos indivisibles; para ello son necesarias políticas de autogobierno (tal como se han reconocido en Colombia a los pueblos indígenas para algunos casos), políticas diferenciales que permitan el gasto público dirigido a superar las amenazas internas y externas de las comunidades, y derechos de representación en instancias de participación política (no solo electorales) de campesinos, indígenas y afro-descendientes

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