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En América Latina, la implantación del neoliberalismo como sistema económico ha llevado a un modelo de desarrollo con grados desconocidos de heterogeneidad y desigualdad socioeconómica. La adopción de políticas de liberalización, desregulación y flexibilización económica, junto con el retiro del estado de la gestión urbana, produjo importantes transformaciones en las ciudades. De la mano de grandes cambios sociales y demográficos, las áreas urbanas experimentaron un acelerado desarrollo, crecimiento económico desigual en la distribución del ingreso, el aumento del desempleo y altos niveles de informalidad urbana. Enmarcado en esta realidad, la producción del espacio urbano, se llevó adelante a través de la gestión de tres actores sociales: 1.el mercado inmobiliario; 2. el Estado nacional y 3. los asentamientos informales. De ellos, el estado cumple un rol fundamental en la construcción de la ciudad encauzando o restringiendo el desarrollo de ciertos espacios ya sea a través de la acción (implementación de políticas públicas, normativas, etc.) o de la omisión. Por consiguiente, en un contexto en el que persiste la ausencia de planificación, la carencia de un marco que defina el modo de ocupación del territorio, impone la lógica del mercado inmobiliario como criterio urbanístico principal, incluso para las actuaciones de promoción pública de vivienda. Ello impacta de modo negativo en la ciudad en la medida que favorece la especulación en manos del sector privado, produce segregación residencial y desigualdad en el acceso al suelo puesto que amplios sectores quedan fuera del mercado formal. Lo cual se traduce en la conformación de áreas diferenciadas dentro de la ciudad agudizando la separación entre sectores sociales. En Argentina, en virtud al crecimiento económico que se produce con posterioridad a la crisis 2001-2002, el Estado Nacional retomó los planes de vivienda a fin de dar solución al problema habitacional pero con un giro hacia lo social, a fin de atender las necesidades de los sectores más desprotegidos de la sociedad. De políticas consistentes en la construcción de viviendas (sistema llave en mano) ejecutadas por los Institutos Provinciales de Vivienda (IPV), se pasó a un conjunto de políticas sociales que articulan programas de diversos órdenes, nacional, municipal, provincial y del IPV. (Argentina Trabaja, Municipio+Cerca, PROMEVI, PROMEBA, implementación Ley Pierri de regularización dominial, etc.) que vinculan la problemática habitacional a la social. Sin embargo esto no ha tenido los resultados esperados en relación a la problemática urbana. Si bien desde el Estado Nacional se promovió la necesidad de planificación del territorio a través del PET (Plan Estratégico Territorial) Nacional y Provincial, todos los programas implementados se desarrollaron sin los instrumentos adecuados de gestión que definieran los criterios para la consolidación y desarrollo de la ciudad y en consecuencia terminaron conspirando contra la misma, como escenario de la vida colectiva. La falta de capacitación de los técnicos locales, la utilización de estos programas con fines clientelitas por los políticos locales y la corrupción imperante, contribuyeron a agravar las tendencias observadas. Ello lleva a pensar que la construcción de vivienda nueva o la consolidación o regularización de asentamientos populares en áreas vulnerables sin sustento normativo ni planificación, lejos de mitigar las desigualdades existentes, producen efectos negativos en la ciudad. Bajo esta hipótesis, este trabajo analiza las consecuencias de las nuevas políticas habitacionales en el Área Metropolitana de Tucumán (AmeT), a casi 10 años de implementación de un conjunto de medidas sociales, tendientes a la equidistribución del acceso al suelo urbano. Se concluye que las acciones implementadas por el Estado produjeron un aumento y consolidación de los procesos de fragmentación y segregación socio espacial incipientes en el AMET de Tucumán.

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