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La frontera trinacional de Argentina, Paraguay y Brasil se constituyó en un foco de atención luego de los atentados a la Embajada de Israel (1992), a la AMIA (1994) y a las torres gemelas del World Trade Center (2001), atribuidos a la comunidad sirio-libanesa residente en la región que fue acusada de practicar y financiar iniciativas terroristas. Al sumarse este aspecto al movimiento económico anclado en las iniciativas paraguayas para el libre comercio y a la constitución como ruta de transporte de drogas hacia diferentes centros urbanos, la Triple Frontera adquirió una reputación particular que la señala como cuna de delitos económicos, de terrorismo y narcotráfico. Estos atributos no pasaron desapercibidos en el ámbito de las políticas públicas en los últimos años, sino todo lo contrario: reforzaron las inversiones en seguridad aumentando las acciones represivas. A pesar de ello, las dinámicas locales evidencian que la población adopta diversos modos de organizarse para vivir, en los que combina actividades legales e ilegales, así como vínculos económicos, de parentesco y amistad, en redes transnacionales. En este contexto el papel del Estado, a través de las instituciones que controlan las fronteras, es significativo, tanto por lo que prohíbe como por lo que propicia con sus prohibiciones. Podemos afirmar que la distinción formal entre lo legal y lo ilegal carga un peso moral, lo que obliga a los investigadores a tomar algunas precauciones. A partir de situaciones observadas analizaré la naturaleza de tal distinción para la población local, incluyendo a los agentes policiales, con el propósito de explicitar de qué manera personas, acciones, lugares y cosas ejercen su agencia en el curso de acontecimientos específicos de esta frontera, condicionando y redefiniendo así, el lugar y la naturaleza del Estado.

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