Política y violencia en la Democracia Argentina. La democratización sub-nacional a la luz de las prácticas partidarias y los usos de la policía durante el Juarismo en Santiago del Estero.

CELESTE SCHNYDER

Capital Federal

Jornada; Primeras Jornadas de Difusión de Tesis sobre Memoria y Pasado Reciente; 2011

Núcleo de Estudios sobre Memoria. IDES. Núcleo de Estudios sobre Memoria. IDES.

Esta tesis analiza la relación entre política y violencia en democracia y la contrasta con los usos y sentidos particulares de la violencia institucional presentes en las prácticas políticas de un régimen político: el Juarismo en Santiago del Estero entre 1995 y 2004. Consideramos que el sentido que el pensamiento democrático-liberal, construido en la segunda mitad de SXX, por el cual la violencia se opone a la política democrática, ha supuesto que ésta no fuera tenida en cuenta en los análisis en torno a la democracia. Esa concepción de la política, básicamente edificada en la búsqueda de consenso, ha descuidado el análisis de la violencia como uno de los componentes de las relaciones de poder. Siguiendo esta dirección, los estudios relativos a los problemas de democratización en el nivel sub-nacional quedaron subsumidos en las categorías producidas para pensar el régimen político nacional, y estuvieron (siguen estando) centrados en aspectos clásicos de la sociología política como el liderazgo o el carisma de los gobernantes o el funcionamiento del régimen político. El caso santiagueño indica que las prácticas de violencia institucional han sido uno de los elementos que contribuyeron a estructurar el lazo político. Por eso sostenemos que el funcionamiento del régimen político democrático no excluye que actores políticos y policiales puedan articular, a través del Estado, prácticas de violencia que desafían la legalidad y la legitimidad. Estudiamos las prácticas de violencia institucional a través del análisis del Estado y su poder de policía sobre la sociedad civil. Poder policial que fue configurado durante la década del setenta, tanto por gobiernos militares como civiles, en relación a una representación sobre el orden público que ha sido construida bajo el influjo de la doctrina de la seguridad nacional. Desde la perspectiva foucaultiana, el poder de policía designa a un conjunto de prerrogativas estatales para avanzar sobre las libertades públicas y derechos individuales que, como señaló Tiscornia (2004), pueden observarse en las leyes orgánicas de la policía y los códigos contravencionales. Analizamos las facultades formales de la policía y su órgano de inteligencia, el Departamento de Informaciones Policiales (DIP o D-2). Además abordamos el papel desempeñado por el partido de gobierno, el PJ-Juarista, en relación a la burocracia del Estado y, en particular, a la policía. Esto dio lugar a la formación de vínculos informales y ocultos entre dirigentes del PJ-Juarista y la policía. Dichos vínculos posibilitaron el uso del DIP para ejercer prácticas de vigilancia y disciplinamiento político sobre la sociedad civil y al interior de sus redes partidarias. Uno de los resultados de la tesis que consideramos puede aportar a la discusión sobre las memorias sociales radica en que las singularidades observadas en el proceso represivo en la provincia problematizan los contornos temporales y territoriales que delimitan a la memoria sobre la violencia política en Argentina. En ese sentido, encontramos que el DIP, creado en 1971 en el marco de un proceso nacional de militarización de las fuerzas de seguridad para controlar la llamada “delincuencia subversiva” y ratificado en sus funciones en 1974, realizó detenciones ilegales y produjo la desaparición de 14 santiagueños entre 1975 y marzo de 1976. Período que corresponde al segundo gobierno constitucional del caudillo justicialista Carlos Juárez (1973-1976) y a la puesta en marcha del Operativo Independencia en la vecina provincia de Tucumán. Con el advenimiento de la dictadura militar este organismo de inteligencia policial quedó subordinado a las órdenes del Comandante del Tercer Cuerpo del Ejército con asiento en Córdoba Luciano Benjamín Menéndez, y al Jefe de la Quinta Brigada del Ejército de Tucumán General Domingo Bussi. El terrorismo de estado en la provincia fue llevado a cabo de un modo predominante por la policía provincial, en especial los grupos de tareas del D-2. Pese que durante el proceso de transición democrática las Fuerzas Armadas fueron juzgadas y condenadas, la actuación de las policías en las provincias quedó en un cono de sombras. Así la participación y la responsabilidad policial en la violencia política no fue investigada ni juzgada. Esta situación ha favorecido a la permanencia, sin reformas tendientes a su democratización, de una burocracia policial (y sus funcionarios) ligada a la violencia. Esta permanencia se materializó, en la década del noventa, en la designación de represores en funciones de seguridad y en el archivo del D-2 que contenía legajos de espionaje político. A su vez, esta permanencia ha sentado un contexto político adverso a la articulación de las memorias sobre la represión en la provincia. Memorias que, lejos de circunscribirse al período dictatorial y al actor militar, reconocen como responsables de la represión ilegal a actores políticos y policiales aun en democracia. El caso santiagueño sugiere que las singularidades provinciales en los procesos represivos aportan elementos que llaman a complejizar la memoria sobre la violencia política centrada en las características de la represión dictatorial en las grandes ciudades.