“‘Acá el choripán se paga’. Movilización política y grupos sociales en el reciente conflicto en torno a las retenciones a las exportaciones de granos”

GABRIEL VOMMARO

Campos de batalla: las rutas, los medios y las plazas en el nuevo conflicto agrario

Prometeo/UNGS

Lugar: Buenos Aires; Año: 2010; p. 181 - 225

Sin duda, un acontecimiento político de la importancia que tuvo el conflicto desatado en torno a la resolución 125, que imponía un sistema de retenciones móviles a las exportaciones de granos en un contexto de aumento de los precios internacionales de las materias primas, pone en juego múltiples cuestiones. La capacidad del Estado para regular la distribución del excedente social, la disputa por la apropiación de la renta entre las distintas fracciones de las clases económicamente dominantes. En este trabajo quisiéramos ocuparnos de dos relativas “novedades” que surgieron en este conflicto y que tienen que ver con sus aspectos más claramente políticos: por un lado, la reaparición de las divisiones sociales como principio de lectura de la lucha política; por otro lado, el recurso a la movilización como forma de demostración y de objetivación de los apoyos. Decimos novedades “relativas”, en primer lugar, porque se trata de fenómenos que tienen algunos años de desarrollo, puesto que ya habían reaparecido en torno a la crisis social y política de 2001-2002 –con la movilización de las clases medias y de los sectores populares– y luego a partir de la manera en que esta crisis fue reprocesada en los años de gobierno de Néstor Kirchner, quien recuperó el valor político de la movilización (Rinesi y Vommaro, 2007). En segundo lugar, porque lo que tiene lugar es un retorno de ciertos principios de acción y de percepción de la política que habían dominado las prácticas en ese campo –tanto entre los políticos como entre los observadores de la política– hasta los años ochenta. Mostraremos cómo el intento de parte del gobierno de presentar el conflicto como un enfrentamiento entre las “minorías poderosas” –el “piquete de la abundancia”– y el pueblo –en la figura de sus representantes–, chocó con la representación dominante de la política en término de “caja” y del Estado como “expoliador”. Al mismo tiempo, el principio de lectura del conflicto en términos de clase –en un sentido más populista que clasista, según la distinción que hace al respecto Ernesto Laclau (2005)– tuvo otros obstáculos: 1) la indiferenciación inicial de la resolución 125 entre “grandes” y “pequeños” productores es central para comprender las dificultades del gobierno por proponer esa lectura, puesto que favoreció el borramiento de la heterogeneidad de este grupo social así como la conformación de la etiqueta “campo”, que pudo presentarse así como asociada a “lo nacional” más que a un sector determinado; 2) la capacidad de movilización que mostró el “campo” en términos cuantitativos también favoreció la consolidación de una etiqueta no clasista, así como la utilización del “repertorio” de la protesta ciudadana de 2001 y 2002 (el cacerolazo) y de los movimientos piqueteros (el piquete): esta movilización masiva dificultó la lectura del conflicto en clave de “mayoría popular” contra “minoría privilegiada” y allanó en cambio el camino de la lectura en términos de “aparato” contra la gente; 3) estas dificultades no sólo se expresaron a nivel cuantitativo, sino también a nivel cualitativo: la movilización oficialista no podría superar la forma de lectura dominante de la participación política de los sectores populares en términos de “clientelismo”, promovida, producida y reproducida tanto por ciertos actores políticos y sociales como por los principales medios de comunicación. Ni siquiera el desabastecimiento y el aumento de precios producido por el bloqueo de la provisión de alimentos a las grandes ciudades alcanzaron para dar al gobierno la posibilidad de imponer la lectura dominante del conflicto, y aquí nuevamente influyeron tanto los errores propios –la inflación era un problema anterior al conflicto, maltratado por el gobierno– como la capacidad de los adversarios de presentarse como “víctimas” del Estado expoliador.