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El capítulo analiza la capacidad de protección social de las políticas de transferencia o aseguramiento de ingresos puestas en juego durante la pandemia en Argentina. Nos concentramos en la dimensión institucional de dicha capacidad, entendiendo que en ella se expresa su fortaleza o debilidad en cuanto a los alcances de la intervención estatal en los procesos de satisfacción de necesidades. Los aspectos organizacionales y protectorios dan cuenta, en definitiva, de las garantías, las certezas y la regularidad de los amparos públicos provistos. Ello habla, en suma, del tipo de relación protectoria establecida y de los modos de institucionalización del derecho a la protección. Desde este lugar, hemos visto distintas configuraciones de dicha capacidad de protección social, en las que asume un papel gravitante la conexión con el mundo de la economía y el trabajo formalizado. Protecciones como stocks asegurados relativamente homogéneos, si bien debilitados, pero con garantías; otras con tendencias hacia la regularidad, gestiones menos institucionalizadas y prestaciones mínimas (siempre amenazadas por la constante pérdida de poder adquisitivo); y otras donde impera la incertidumbre, la discreción, las selectividades férreas y la heterogeneidad de beneficios. Este escenario vislumbra las dificultades para alcanzar niveles adecuados de protección social en un mundo cada vez más complejo. Por un lado, fortaleciendo derechos fundados en el trabajo que superen la dualización entre formales e informales y eviten las múltiples y renovadas modalidades de precarización, y un tópico no tratado aquí pero fundamental revirtiendo la pervivencia de lógicas particularista de protección. Por el otro, la siempre postergada instalación de alternativas de protección más allá del trabajo.

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