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En la década de 1990 se cristalizaron dos cambios en los patrones migratorios que habían iniciado en 1960 en la República Argentina. Por un lado, la feminización de las migraciones y, por otro, su concentración en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) (Courtis & Pacecca, 2010). Las crisis macroeconómicas en la región funcionaron como factor de expulsión, mientras que la convertibilidad fija entre el peso argentino y el dólar estadounidense hasta inicios del 2000 fue un factor de atracción para las corrientes migratorias (Groisman & Cortés, 2004). En ese contexto, se consolidó el sector del trabajo doméstico como nicho laboral para las mujeres migrantes provenientes de países de la región. (Ceriani, Courtis, Pacecca, Asa, & Pautassi, 2009). No obstante, el deterioro de la situación económica argentina a principios del siglo XXI impactó fuertemente sobre el bienestar de las mujeres migrantes en general, y sobre las mujeres migrantes trabajadoras domésticas en particular. La reducción de los ingresos de las clases medias y la alta tasa de informalidad del sector tuvieron un efecto negativo sobre los indicadores laborales de las trabajadoras de casas particulares, que contaban con escasos instrumentos de protección social para suavizar la caída de su curva de ingresos (Groisman & Sconfienza, 2013). Esto inspiró innovaciones regulatorias en la política migratoria argentina que, desde un enfoque de derechos humanos, buscaron garantizar la ciudadanía social y política de las personas migrantes (Brumat & Amancay Torres, 2015). Los esfuerzos derivaron en la Ley 25.871, promulgada en 2004 por el Poder Ejecutivo Nacional luego de la sanción por parte del Congreso de la Nación el año previo. La normativa supuso un avance en la garantía de derechos a la población migrante, undamentalmente facilitando la obtención de permisos de residencia, reduciendo los requisitos para la tramitación del Documento Nacional de Identidad (DNI), y permitiendo el acceso a una serie de servicios y prestaciones públicas. A esto se agregó la sanción en 2013 del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (Ley 26.844), que reconoció derechos laborales a un sector altamente feminizado (el 96,5% de la fuerza laboral son mujeres) y que ocupa a la mayoría de las mujeres trabajadoras (16,5%) (DNEIyG, 2020). A su vez, el empleo doméstico remunerado ocupaba antes de la pandemia hasta a un tercio de las mujeres migrantes (OIM Argentina, 2022).Pese a estos importantes avances en materia normativa, persisten desafíos para el goce efectivo de los derechos de las mujeres migrantes en Argentina. En general, su situación laboral y social es más precaria que la de las personas nativas (ENMA, 2020). La alta informalidad, los salarios bajos y los déficits de acceso a la salud y la protección social abren interrogantes acerca de cómo traducir el marco normativo de avanzada en mejoras concretas para ellas.Este informe busca explorar esas preguntas y ofrecer recomendaciones preliminares al respecto. Para ello, la siguiente sección ofrece un breve panorama de la evolución normativa de la política de migraciones y de trabajo doméstico remunerado en Argentina en las últimas décadas, con foco en la Ley de Migraciones de 2003 y en el Régimen Especial para Trabajadores/as de Casas Particulares. Luego avanza con un panorama de la situación de las mujeres migrantes en Argentina según los últimos datos disponibles. Continúa con la identificación de desafíos de política pública para cerrar brechas de ejercicio de derechos entre la población migrante en general y entre las mujeres en particular. Y concluye con una serie de recomendaciones específicas para avanzar en esa dirección.

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