Organizaciones indígenas y Estado: las demandas territoriales en contexto

LENTON, DIANA; PAPAZIAN ALEXIS; NAGY, MARIANO; MUSANTE, MARCELO

Tierra Socialista

CEPPAS

Lugar: CABA; Año: 2016 p. 1 - 39

En el primer informe oficial sobre conflictos rurales, elaborado por la Subsecretaría de Agricultura de la Nación en 2013, y publicado parcialmente por el periodista Darío Aranda en el Diario Página/121 , se reconoció que existían casi diez millones de hectáreas pertenecientes a casi 65.000 familias campesinas e indígenas que eran pretendidas por empresarios privados o el propio Estado.Las superficies en conflicto relevadas en dicho informe equivalen a 455 veces el tamaño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representando un total de 857 casos, de los cuales 278 corresponden a distintas comunidades indígenas. La mayoría de ellos ?en el momento en que se llevó a cabo el relevamiento- tuvieron lugar en el norte del país y en la Patagonia (el NOA concentró la mayor cantidad de conflictos con el 28,2 por ciento, le sigue Patagonia con el 21,1 y el NEA con 19,8 por ciento del total).En relación con los conflictos territoriales que han sido relevados en el informe, uno de cada tres involucra a comunidades indígenas, y de éstos, sólo el cuarenta por ciento ha sido objeto de la ley Nº 26.160 de Relevamiento territorial. Esta norma, sancionada en noviembre del año 2006, acumula ya dos prórrogas (una en el año 2009, ley 26.554 y otra en 2013, la 26.894), dados los retrasos en su implementación y ejecución en algunas provincias.El escenario se presenta complejo y contradictorio. Por un lado, a nivel nacional, se verifica un proceso global de intensificación de la megaminería y los agronegocios que implica el corrimiento de la frontera agrícola y la concentración de la propiedad, y por otro lado, se ha producido un conjunto de normativas que impone el reconocimiento de derechos específicos a los pueblos originarios y la protección de sus territorios: desde la reforma constitucional de 1994, y la ley 24.071 de 1992 que implicó la aprobación del Convenio 169 de la OIT, hasta las regulaciones específicas aprobadas en los últimos años anteriormente citadas que declaran la emergencia territorial y prohíben los desalojos hasta tanto se finalice el relevamiento, pasando por otras como la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos, sancionada en noviembre de 2007.Sin embargo, y a contramano de la abundancia de normativas ?protectoras? y ?reconocedoras?, el proceso mencionado de expansión de la frontera productiva pareciera conformar un límite sistemático a la vigencia de estas leyes.Podemos observar, por ejemplo, que en algunos medios los discursos racistas/xenófobos en situaciones de conflicto entre el Estado (municipal, provincial o nacional) y las comunidades indígenas en Argentina, se constituyen en un elemento central del proyecto hegemónico que habilita diversas prácticas de inclusión/exclusión, y han derivado en prácticas violentas y represivas en distintas regiones del país.En este sentido, el movimiento indígena desarrolla sus luchas en una relación dialéctica con la evolución de los distintos conflictos territoriales ? generados por el avance de los agronegocios y las distintas industrias extractivistas-, los agentes que intervienen (estatales o privados) y las interpretaciones de dichos conflictos que aparecen ante cada coyuntura.