El acceso a la tierra en el Gran Buenos Aires: nuevas soluciones para un viejo problema.

ARROSSI, S,, CLICKEVSKY, N, Y PERELMAN, P.

Medio Ambiente y Urbanización

IIED-AL

Año: 1991 p. 89 - 104

0326-7857

En la Argentina, la última década ha estado signada por un agravamiento en las condiciones de vida de vastos sectores de la población. La crisis económica que se desata en el país desde mediados de los años ´70 y que se agudiza a principios de los ´80, se expresa a través de la evolución negativa de la totalidad de los indicadores socioeconómicos. La declinación del PBI por habitante, la caída de la tasa de inversión, la fuerte disminución de los salarios reales y la mayor desocupación, han provocado el aumento de la pobreza hasta niveles sin precedentes. Así, mientras que en 1980, el Área comprendida por la Capital Federal y los 19 partidos del Conurbano Banaerense, los hogares pobres representaban el 21.2% del total, 8 años más tarde ya superaban el 45%. Incluso la profundización de la crisis en los dos últimos años permite inferir que ese porcentaje subestima la gravedad del problema actual (Minujin y Vinocur, 1989). Lo más grave es que el aumento de la pobreza urbana se verifica en un contexto en el cual el Estado, sometido a políticas económicas de ajuste permanente, ha recortado sistemáticamente el gasto social, dejando a los sectores de menores recursos en una situación de mayor indefensión. A nivel de hbaitat popular, la conjunción de estos procesos se ha traducido durante la última década en un incremento de las ocupaciones e invaciones de tierras fiscales y privadas, las que se constituyeron para importantes contingentes de pobres urbanos en la única alternativa para conseguir un lugar para vivir. Sólo en el Conurbano Bonaerense hay 124.000 familias que viven en la ilegalidad, las que representan aproximadamente el 5% del total de la población estimada en 1990., Además, se calcula que existe un déficit habitacional de alrededor de 500.000 familias, que se ven obligadas a habitar viviendas deficitarias o soportando niveles críticos de hacinamiento. Frente a este panorama, salvando algunas experiencias piloto que luego no prosperaron, las respuestas ensayadas en el primer período del reestablecimiento del régimen democrático por los Gobiernos Nacional y Provincial fueron las tradicionales, careciendo las mismas de una propuesta a la problemática habitacional de los sectores de menores ingresos. Sin embargo, desde algunos municipios del Conurbano, y a partir de 1987, desde el ámbito de la Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (SUV), comenzaron a implementarse políticas que apuntan a considerar a los sectores de menores ingresos, priorizando en el acceso a la tierra urbana, para, posteriormente, atender a la demanda de vivienda. Éstas políticas significan un importante cambio en la orientación de la política pública de vivienda, que hostóricamente había centrado todo su esfuerzo en la producción de viviendas terminadas y de un alto costo relativo por unidad. El objetivo del presente artículo es mostrar dos de las iniciativas más importantes impulsadas en los últimos años al respecto, sintetizando algunos de los resultados obtenidos a partir de la investigación iniciada en el marco del proyecto sobre Tierra Fiscal y Regularización Urbana, que viene desarrollando el IIED-AL. EN primer lugar se analiza el Programa Provincial PROTIERRA, el primero de carácter oficial destinado a la producción de lotes con servicios urbanizados, y en segundo lugar, el artículo se centra en la política de Regularización Dominial en Terrenos Fiscales llevada a cabo por el Municipio de Florencio Varela.