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Desde los comienzos mismos de la restauración de la democracia en nuestro país (octubre 1983) se viene debatiendo acerca de la necesidad de reformar el sistema educativo argentino para adaptarlo a los nuevos tiempos, modernizarlo. Desde entonces, se han mantenido varias discusiones más o menos públicas y se han implementado diversos programas de reforma, casi siempre impulsados a partir de lineamientos diseñados, a grandes rasgos, por el Banco Mundial (BM) y enmarcados dentro de las políticas llamadas neoliberales o neoconservadoras. En una primera aproximación analítica, podemos distinguir dos grandes ejes esenciales que contienen estas políticas de reforma educativa enmarcadas dentro de la aplicación de programas neoliberales en la Argentina: por un lado, representan una continuidad con respecto a las políticas impuestas por la dictadura militar (1976-1983). Por el otro, se insertan dentro de la adecuación de las instituciones educativas a los cambios producidos dentro del sistema capitalista. El carácter de las reformas educativas en la Argentina ha sido global. Es decir, ha afectado todos los niveles (inicial, primario, secundario, terciario y universitario) del sistema. Y ha sido el BM (cuyo nombre técnico es Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF), a través de numerosos préstamos y programas, el que ha impulsado la reestructuración educativa para poner la educación en función de las necesidades del mercado. El nuevo rol del Estado sería el de evaluador y controlador de que esto siempre sea así.

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