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En el año 2004 un incendio ocurrido en un recital de rock en Buenos Aires dejó un saldo de 194 jóvenes muertos. Unos días después sobrevivientes y familiares de los fallecidos iniciaron una causa penal que tuvo como objeto delimitar las responsabilidades por el siniestro. Asimismo, ellos comenzaron a manifestarse en las calles de la ciudad pidiendo justicia. En ese contexto, al interior de lo que dio en constituirse como movimiento Cromañón, surgieron posiciones divergentes sobre cómo deben llevarse a cabo las acciones de protesta. Algunos familiares consideran que hay quienes realizan acciones violentas con las que no coinciden. Creen que se trata de comportamientos irracionales producto del desborde emocional, que pueden acarrear consecuencias negativas para la estrategia jurídica. Estos familiares señalados como 'violentos' fueron objeto de pericias psiquiátricas realizadas en el marco de las denuncias por amenazas que ellos habrían realizado a funcionarios. Sugiero aquí que aquella preocupación expresa que los padres se encuentran atravesados por lazos contrapuestos que los vinculan al movimiento -como familiares movilizados- y al mismo tiempo al Estado -como actores penales frente al Poder Judicial-. Si bien las investigaciones sobre movimientos de demanda frecuentemente han considerado a las emociones como un valor común a partir del cual los actores impulsan y legitiman sus intervenciones, muestro aquí que en el caso analizado los sentimientos no otorgan a priori legitimidad a cualquier tipo de manifestación pública y adquieren, en cambio, un carácter problemático. Finalmente, pongo en cuestión el tratamiento que han realizado algunas investigaciones sobre el caso al considerar al Estado y al movimiento como entidades discretas, unificadas y en oposición

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