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Frente a la elaboradísima ?teoría del delito? que la doctrina jurídica ha construido a lo largo de tres siglos, el conocimiento, interpretación y aplicación de las leyes penales se ha transformado en patrimonio exclusivo de la corporación de los expertos en derecho. El modo de dominación político racional-legal, según la conocida denominación que Max Weber le ha dado a nuestra época, está en consonancia con la formación de elites burocráticas en todos los ámbitos de la administración estatal. Términos técnicos, sofisticados y a veces intencionalmente oscurecidos, construcciones sistemáticas dotadas de criterios sutiles, argumentos retóricos de uso frecuente aunque muchas veces falaces, constituyen el arsenal de quienes ostentan el monopolio del conocimiento y la aplicación de la ley penal.Se trata de un esfuerzo que conduce a neutralizar el valor político de la decisión judicial y que busca tecnificar lo que primariamente es una facultad accesible a todos, principalmente a aquellos a quienes se les impone su normatividad. La consecuencia es la ?alienación del derecho?, haciendo del ciudadano un extranjero frente a su propia ley.En el presente trabajo nos proponemos reflexionar acerca de la facultad de juzgar, a partir de las transformaciones del sistema de enjuiciamiento penal post dictatorial en la Provincia de Córdoba. Tal vez no esté de más recordar que en el esquema de distribución de la soberanía en el sistema federal argentino, las provincias deciden el modelo de enjuiciamiento judicial con independencia de la legislación nacional, aunque no por encima de la Constitución Nacional. La implantación de un modelo de proceso que incorpora ciudadanos ?comunes? como miembros del tribunal, junto a jueces ?expertos? (juicio por jurados mixto o escabinado), significa conjugar raíces culturales distintas en un espacio común. Esta convergencia de ?legos? y ?letrados? en el mismo tribunal y con el mismo poder de decisión, es motivo de una indisimulable tensión que, estimamos, merece una reflexión detenida. Dicha tensión se expresa en que la presencia de ?inexpertos?, supuestamente más subjetivos y pasionales, constituye una amenaza para el ?garantismo? (objetivo y racional), del cual los expertos serían custodios. Nos preguntamos en qué medida el garantismo se ve lesionado o por el contrario, beneficiado, con la incorporación de los ciudadanos y ciudadanas al estrado judicial.

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