Sebastián Valverde: antropólogo y perito en causas contra comunidades mapuches

Hace trece años, se sancionó una ley que pretendió devolverle a los pueblos originarios el derecho al acceso a la tierra, por años vulnerado, y evitar que sistemáticamente se los desaloje. La Ley 26160 estableció “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”, incluyendo la realización de un relevamiento de los territorios indígenas. Fue, para ellos, una bocanada de aire fresco, la respuesta a una demanda histórica, pero a la decisión le siguió una demora inesperada: sobre la normativa recayeron varias prórrogas –2009, 2013 y 2017- y al día de hoy solo se relevó a la mitad de las comunidades existentes -700 de un total 1500-. Detrás de la dificultad para aplicar ley, el antropólogo Sebastián Valverde, investigador del CONICET y perito en causas contra comunidades indígenas –sobre todo mapuches- vislumbra una historia de racismo en la distribución de la tierra.

“La mayoría de los territorios en los que viven los indígenas tienen una riqueza de recursos naturales que los hace interesantes para capitales privados o, a veces, para el propio Estado”, señala el investigador, que pertenece al Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, actúa como perito antropológico en la Justicia desde el año 2007 y acaba de unirse al Programa Nacional Ciencia y Justicia del CONICET. “Los pueblos originarios en general no son propietarios de las tierras, pero están asentados desde doscientos, trescientos años en un territorio y terminan no pudiendo acceder a un título de propiedad, mientras el acceso a la tierra de la población blanca -de origen europeo o norteamericano- es fácil, porque aparece algún heredero que nunca las habitó, pero las reclama y tiene gran parte a su favor. Es un proceso racista, porque no todos tenemos los mismos derechos, y el derecho indígena, en los hechos, está siendo muy difícil de aplicar”.

Valverde -que se crio en Bariloche e intuye que por eso mismo como antropólogo se sintió atraído por defender la causa mapuche- subraya el generalizado desconocimiento que tiene la Justicia respecto al derecho indígena, que hace que aún no se reconozca que un territorio puede ser de uso tradicional y se siga rigiendo por parámetros controvertidos para establecer quién es el dueño de la tierra. “Los pueblos indígenas tienen otras tradiciones: muchos se van moviendo con el ganado, según el momento del año, pero para la Justicia por ejemplo sigue pesando si la comunidad vive o no en un territorio”, dice, y describe la situación que se da en el Sur, durante la invernada, momento en el que los indígenas suelen llegar con los animales a las costas del Lago Nahuel Huapi porque en ese sector es donde menos nieve y lluvia hay y los animales pueden pastorear. “La Justicia tiene que contemplar casos como ese respetando que quizás allí no hay viviendas, pero hay animales que van a pastar en cierta época y eso también es válido. Abrir la mirada a la diversidad cultural, reconocer que somos un país compuesto por muchas culturas y por ende muchos derechos”.

Pasado y presente

Indagar hacia atrás para entender la situación actual, en eso consiste el trabajo de Valverde como perito antropológico, un campo relativamente nuevo, teniendo en cuenta que los derechos indígenas comenzaron a contemplarse en Argentina con el retorno de la democracia y se vieron plasmados a partir de la reforma constitucional de 1994 y recién en 2006, con la Ley 26160, entre otras normativas, se sistematizó cierta forma de aplicación, aunque siga dilatándose. “Lo que intentamos siempre los antropólogos es entender el proceso sociocultural que lleva al presente, qué pasa con los pueblos hoy en la relación con el Estado y en sus procesos socioeconómicos”, explica el científico.

Esa tarea se traduce en trazar la historia de los territorios y de las comunidades que viven sobre ellos, para proveer de pruebas a la Justicia que certifiquen el uso tradicional de los mismos. Para hacerlo, Valverde se complementa con especialistas de distintas disciplinas, como técnicos forestales, etnohistoriadores, abogados medioambientales, ingenieros agrónomos y del ámbito del turismo. Indaga en documentos –como los croquis que datan de antes de la época anterior a la Conquista del Desierto-, en los relatos históricos de los exploradores de antaño –que iban registrando todo lo que iban conociendo a su paso, y nombrando a los caciques y los originarios con los que se iban cruzando-, visita bibliotecas locales, entrevista a los pobladores de la zona, y hasta se vale de herramientas como Google Earth para demostrar los usos tradicionales –dar pruebas las huellas de las huertas, el pastoreo u otras prácticas de los indígenas en ciertas zonas-.

En lo que va de estos años, participó de dos pericias de las que no puede dar demasiados detalles, porque ambas siguen abiertas, pero sí comentar a grandes rasgos. En la primera fue requerido como perito de parte por una comunidad mapuche que vive desde hace cientos de años en un terreno a orillas del Lago Nahuel Huapi. Un heredero de los históricos dueños, que habían cedido las tierras a la comunidad, les inició acciones legales por usurpación. “Son unas veinte familias que están en ese territorio desde antes que se conformara el Estado Argentino. Eso lo pudimos certificar con documentos de la época que dieron la prueba de que ya estaban asentados allí”, explica Valverde. En ese caso, el juez le pidió a Valverde que en su informe científico se expidiera sobre el tipo de posesión tradicional que los miembros de dicha comunidad realizaron históricamente en el territorio, las características de la ocupación territorial, la identificación de espacios sagrados para la cosmovisión mapuche y una descripción de las razones por las cuales fue reconocido el derecho por parte de organismos oficiales. “En esta causa me dijeron que la pericia antropológica fue fundamental para que el juicio, que ya está por terminar, salga a favor de la comunidad”, comenta con orgullo Valverde. En la otra causa en la que actuó lo hizo a pedido del propio juez, siete años después del primer peritaje. En esa oportunidad el juez le pidió que demostrara el uso ancestral de la comunidad indígena que pastoreaba en invierno en tierras costeras del Lago Nahuel Huapi. Y también participó del proceso de reconocimiento de la comunidad Lof Kintupuray ante la provincia de Neuquén, al elaborar un informe histórico-antropológico.

“Como científicos solemos trabajar con problemáticas teóricas, y al bajar el conocimiento a expedientes concretos se enriquece mucho la mirada”, destaca Valverde sobre su tarea como perito. “Y también es bueno para que la Justicia abra la mirada a la diversidad cultural y reconocer que el país es pluricultural, que complejice la mirada sobre la sociedad en la que actúa”.

Ahora, el investigador está terminando un informe que pondrá a disposición de la Justicia sobre la situación de unos terrenos en Villa La Angostura, donde existe un litigio que se acrecentó en los últimos tiempos por tierras ocupadas históricamente por pueblos originarios. “En el año 1902 los indígenas poseían allí 625 hectáreas, hoy les quedan 120. Los van corriendo y están avanzando emprendimientos privados sobre esos territorios –indica el científico- incluso vulnerando la Ley 26.331 de Bosques, que establece que no se pueden talar árboles en ciertas áreas, y eso se está haciendo ahora y se está desvirtuando el entorno natural además de los territorios indígenas”, advierte.