La política de seguridad en Córdoba: la policia y los consejos barriales desde la perspectiva de actores sociales territoriales"

BROCCA, MAGDALENA; PLAZA SCHAEFER, VALERIA; MORALES, SUSANA

Maceió

Seminario; Inseguranca e punitividade na América Latina. Condicoes, conexoes y efeitos; 2018

Facultade de Direito da Universidade Federal de Alagoas

En esta ponencia, abordaremos las transformacionesde la política de seguridad en la provincia de Córdoba, Argentina, poniendoespecial énfasis en la perspectiva de actores sociales territoriales. Entendemosque el trabajo a partir de la configuración local de la problemática, puedeaportar al debate sobre la construcción de la seguridad como problema público,dando cuenta no sólo de las particularidades locales en términos detrayectorias institucionales, sino sobre todo, indagando el modo en que distintosactores experimentan el modo en que se despliegan esas políticas.Consideramosque a nivel nacional existieron iniciativas por complejizar el abordaje de lacuestión securitaria, en lo que fue el ?Acuerdo por la Seguridad Democrática?(2009[1]), que sirvió de base para la creación del Ministerio deSeguridad de la Nación en el 2010 y que se orientó en perspectivas multi-agencialesintegrando distintos niveles del estado (Font, 2008), y se plasmaron medidas tendientes a ejercer una controlpolítico y una reducción y regulación del empleo de la violencia por parte de lafuerzas de seguridad. Sin embargo, en la Provincia de Córdoba luego de un proceso post-dictadura de disputa de campospoliciales y no policiales (Hathazy, 2017), se consolidó un desplazamientos delos segundos[2], constituyendo una arquitectura institucional y políticacaracterizada por la fuerte centralidad del componente policial en la políticade seguridad en el período 2000/ 2015 (Hathazy, 2017; Morales y Plaza, 2013;Brocca y otros, 2014; Carbajo, 2016). Se implementaron cambios en la ocupacióndel territorio urbano que se tradujeron en el uso abusivo de la facultad dedetención contravencional y prácticas de hostigamiento policial a jóvenes desectores populares (Bologna y otros, 2017) que fueron configurando modos deconflictividad barriales donde el actor policial se presenta como central.En el proceso electoral del 2015 ganó otra vez el oficialismolocal, sosteniendo como eje de campaña el paradigma represivo y la continuidadde las políticas de seguridad implementadas. Sin embargo, una vez que asumió laactual gestión provincial (la segunda gestión del Gobernador Schiarettiiniciada en diciembre del 2015), propone un discurso más inclusivo que supredecesor y se producen cambios tanto en lo normativo como en el ejecutivo,implementando medidas de política de seguridad preventiva como la policía barrial y los Consejos Barriales.Por ello en el presente trabajo se propone comprender ladimensión de lo simbólico y la relación que ello tiene con las medidasefectivamente implementadas en el período estudiado, desde una indagacióncualitativa en donde analizamos la perspectiva de actores sociales. Partiendode un relevamiento teórico sobre las políticas de seguridad preventivas y lapolicía de proximidad, se sistematizaron diferentes fuentes oficiales(estadísticas, normativa, etc.), y se realizó un trabajo de campo conentrevistas en profundidad a actores sociales claves, que es lo que serecuperará en el presente trabajo, donde se analiza sobre la continuidades yrupturas con el modelo de centralidad policial antes descripto. La presente investigación fue realizada en el marco delProyecto de Investigación SECYT 2016-2017 ?La política pública de seguridad enCórdoba. Análisis de la definición del problema y la respuesta [1] Se tratade un documento consensuado entre representantes de diversos ámbitos políticos,sociales y académicos, que postulaba diez puntos en los que legitimaba laposición de abandonar las perspectivas de una política de seguridad basada enuna concepción punitiva y represiva, conocida como la política de ?mano dura?. Se focalizaba en laresponsabilidad del Estado, y bajo este lineamiento, no se eliminan las medidastendientes a reprimir el delito, sino que se entiende necesario desarrollardistintas políticas en materia de seguridad, no solo las represivas y que es elEstado, en sus distintos niveles. Fuente: www.asd.org.ar[2] El datoque condensa esta afirmación es la designación como Ministro de Seguridad aquien se venía desempeñando como Jefe de Policía en la 3ra gestión delGobernador De la Sota, Crio. Alejo Paredes, quien se desempeñó en el cargo enel período 2012-2013, momento que renunció en el marco de una crisisinstitucional provocada por denuncias periodísticas e investigacionesjudiciales sobre participación de altos mandos policiales en las redes delnarcotráfico.