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En mayo de 2013, el gobernador de Córdoba firmó un decreto ?aprobado luego por la Legislatura provincial ?que prohibía cualquier intervención administrativa por parte del Estado que dispusiera ?la intervención? o ?el desapoderamiento? de medios de comunicación en la provincia. La medida ?contemporánea a otra de similares características adoptada por el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri ?fue tomada pocos días después de que los periodistas Joaquín Morales Solá y Jorge Lanata denunciaran un supuesto plan del gobierno nacional para intervenir el Grupo Clarín.De esta manera, De la Sota actualizaba y reforzaba una discursividad que presentaba a Córdoba como un espacio diferenciado del resto del país por su asociación con valores positivos ?la libertad, en este caso ?que habrían sido contrarios a los representados por el gobierno nacional, de manera tal que su gobernador aparecía como el líder de una resistencia que habilitaba la no aplicación, en su territorio, de normas y políticas vigentes en toda la nación, a la vez que lo posicionaba en la disputa contra el proyecto kirchnerista.En esta ocasión, proponemos un análisis del mencionado decreto que cruza la semiótica narrativa con las teorías del derecho a fin de mostrar tanto los engarces discursivos que construyen su legibilidad como las lógicas jurídicas que lo atraviesan. Pretendemos, en suma, deconstruir las estrategias que el enunciador puso en juego para configurarse como un opositor eficiente al gobierno nacional y para legitimar, ante la sociedad cordobesa, la sanción de una norma que buscaba impedir, merced a la retórica de la ?libertad de expresión?, la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, especialmente de aquellas cláusulas que disponíann la desinversión por parte de las empresas que controlaban más medios que los legalmente permitidos.