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En el transcurso de dos décadas la política azucarera argentina transitó de un modelo de concertación sectorial, diseñado al influjo de la movilización cañera y el Laudo Alvear, a un esquema de intervención impulsado por el Estado nacional. Durante la década de 1930 las decisiones de la Cámara Gremial de Productores de Azúcar, destinada a armonizar los intereses encontrados de industriales y plantadores, fueron incumplidas por los cañeros. De forma recurrente, estos actores repudiaban los precios de la materia prima estipulados por la Cámara, abandonaban la vía de la concertación sectorial y recurrían a la huelga para resolver sus demandas distributivas. La "revolución de junio" de 1943 diseñó un nuevo ordenamiento que involucró profundamente al Estado nacional en el funcionamiento de la industria azucarera. La proyección de una Junta Nacional del Azúcar, destinada a regir de manera integral la actividad, y la creación de un Fondo Especial de Compensación y Asistencia Social, que reconocía a industriales y cañeros los mayores costos productivos y los derivados de la política social, revelaban un giro sustancial en la política azucarera. El gobierno peronista asumió este diseño institucional. Entre 1946 y 1949, la ampliación de los beneficios sociales y el incremento de las obligaciones anuales agudizaron la puja distributiva y demandaron un mayor involucramiento estatal. Finalmente, en 1949 la crisis de la balanza de pagos clausuró un ciclo de prosperidad y desnudó las dificultades del Estado para afrontar el peso de los subsidios y compensaciones. Esta coyuntura definió los lineamientos de una nueva política expresada en la creación de la Dirección de Azúcar, la racionalización y eficiencia productiva.