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En la Ciudad de Buenos Aires desde fines de los años noventa creció el númerode vendedores callejeros congregados en ferias a cielo abierto en las que secomercializaba indumentaria, calzado y productos de óptica y relojería. En estas feriaslos migrantes internacionales, principalmente peruanos y senegaleses estabansobrerrepresentados.Desde 2016 el Gobierno de esta ciudad intensificó los procesos de erradicaciónde estas ferias y endureció los controles sobre los vendedores ambulantes desubsistencia. Esto produjo una diáspora hacia otras localidades y un proceso deprivatización de la actividad que ocurrió por dos canales. El primero se asocia alaumento de ferias cerradas en antiguos locales comerciales en los que el espacio sefragmenta y subalquila. El segundo consiste en la relocalización en predios públicos, sinque medie el pago de un canon por el usufructo, que se produjo a partir de accionesmotorizadas por las Cámaras empresariales y el Gobierno de la CABA, a fin dedesactivar los conflictos derivados de la erradicación del comercio callejero.La violencia institucional incrementó la vulnerabilidad de los extranjeros pobres,especialmente de los africanos, por las mayores dificultades para obtener documentos deidentidad y por las barreras idiomáticas. Estas situaciones evidencian la paradoja creadapor las restricciones a la libertad de trabajar en la vía pública, en un marco de políticamigratoria que se autodefine como garantista de derechos.Las medidas del aislamiento por el COVID-19 reavivaron los conflictos por lautilización del espacio público y mostraron la mayor vulnerabilidad de los vendedoresextranjeros excluidos de las transferencias de ingresos orientados a mitigar los efectosdel cierre de actividades. Las organizaciones de trabajadores de la economía popular yde migrantes contribuyeron a paliar los efectos para una parte de las familias.