CONICET | Buscador de Institutos y Recursos Humanos

En el AMBA, hacia fines de 2016 y mediados de 2017, prevalecía la informalidad laboral entre los ocupados en la comercialización directa. En este grupo ocupacional era mayor el porcentaje de cuentapropistas, menor el de asalariados y mayor el de asalariados sin descuentos jubilatorios que en el total de ocupados. La participación de los cuentapropistas crecía mucho con la edad, alimentada predominantemente por los asalariados informales y en menor medida por los formales. Si bien el análisis se basó en el abordaje sincrónico, suponemos la existencia de patrones asociados al ciclo de vida. Se detectó que los jóvenes que comenzaban a trabajar en el comercio mayoritariamente lo hacían como asalariados no registrados. Con el tiempo, una parte importante de estos dejaba la actividad, otra parte continuaba trabajando en el comercio como cuentapropista y una parte muy pequeña establecía un vínculo salarial formal dentro del mismo sector. El tránsito hacia la formalización involucraba en mayor medida a los varones, mientras que entre las mujeres era más frecuente la salida de la actividad y el pasaje al cuentapropismo.La notable extensión de la jornada laboral, los bajos salarios, la gran circulación de trabajadores y la informalidad laboral total o parcial continúan caracterizando al trabajo en el comercio. Entre fines de 2016 y mediados de 2017 trabajaban más de cuarenta y cinco horas semanales52% de los varones y 42% de las mujeres ocupados en la comercialización directa. Estos porcentajes coincidían con la información proveniente de las entrevistas sobre la relevancia de jornadas laborales de doce horas, seis días a la semana.Se destacó la gran rotación de empleados del sector, producto de la búsqueda de mejores condiciones laborales, en un cuadro general en el que éstas estaban muy deterioradas. Esta rotación encontraba una contraparte en la actitud de los empleadores de búsqueda permanente de empleados y baja propensión a formalizar el vínculo laboral. Los comportamientos de empleados y empleadores formaban un círculo vicioso que se perpetuaba, mostrando ser altamente resistente a las acciones de fiscalización laboral. Se captaron apreciaciones de los micro-comerciantes que consideraban costoso, difícil y lento el proceso de obtención de las habilitaciones comerciales. Se detectó que mientras los requisitos para la habilitación de locales eran permanentemente monitoreados, era menos frecuente la fiscalización laboral. Por lo que, en general, los comerciantes observan más las disposiciones municipales, que las normas laborales. En algunos micro-establecimientos con asalariados, se priorizaba la formalización del comercio y en segundo lugar, la de los trabajadores. Los micro-comerciantes cuentapropistas era el segmento más vulnerable y, por su bajo nivel de capitalización no podían costear los requisitos de habilitación del local y muchas veces desplegaban estrategias para ?invisibilizar? la actividad y evadir los controles municipales. Los micro-comerciante demoraban la formalización de los empleados, ampliando el periodo de prueba hasta casi un año. Cuando formalizaban, recurren a esquemas de registro parcial del total de horas de trabajo y del conjunto del personal, justificando esta práctica en el costo elevado de las contribuciones patronales y en la preferencia por no adquirir compromisos laborales en un clima de incertidumbre, especialmente cuando alquilan el local. La evasión de las obligaciones laborales se refuerza en un contexto de incertidumbre económica, caída de las ventas e incremento de los costos operativos Aun hoy, algunas de las barreras a la formalización laboral son los costos administrativos del registro de trabajadores, la existencia de una cultura de evasión enraizada, reforzada por el desconocimiento de leyes registrales con facilidades para micro-establecimientos y de categorías tributarias como el Monotributo Social.La indagación cualitativa mostró que los micro-comerciantes no respondían a los incentivos de la ley 26.940, en primer lugar porque la desconocían, pero sobre todo, porque en los comercios de menor tamaño estaba generalizada la formalización de la mitad de la jornada laboral y el pago sin registro de las horas restantes. Para este tipo de contratos, el descuento de las contribuciones era del 25%, es decir, es un incentivo bajo.Las entrevistas permitieron observar que las acciones de fiscalización parecen estar ausentes y/o ser poco efectivas, debido a las prácticas de empleadores y empleados de ocultar el vínculo laboral y a la corrupción de los inspectores laborales. La fiscalización laboral, pese al nuevo impulso a partir de la sanción 26.940 no alteró la cultura evasora de algunos empleadores. También mostraron que los cuentapropistas tienen información parcial para adherir al Monotributo, pese a las consideraciones positivas de esta categoría tributaria. También se constató la persistencia de desinformación sobre la categoría de Monotributo orientada a personas en situación de vulnerabilidad. Fue destacada la mala predisposición de los empleados de la AFIP para asesorar en la realización de los trámites y la existencia de barreras digitales para efectuar altas y bajas. Estas barreras de acceso fácilmente podrían ser removidas a partir del aumento del plantel de empleados de la AFIP, la capacitación y motivación para mejorar su predisposición para asesorar sobre los trámites de adhesión. En este sentido, los profesionales que asesoran durante la inscripción en el Monotributo social muestran mejor desempeño para reducir las barreras informativas y facilitar el trámite. Esta modalidad de acompañamiento debería extenderse a las demás categorías de Monotributo para favorecer la formalización de cuentapropistas con mayor nivel de facturación.