La política de protección social en el Paraguay. Superación de la pobreza y el hambre

CLAUDINA ZAVATTIERO; VICTOR IMAS; VERONICA SERAFINI

Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay

Lugar: Asunción; Año: 2020 p. 217

978-99953-70-09-1

Durante las últimas dos décadas, el porcentaje de personas en situación de pobreza en América Latina y el Caribe cayó desde 44,5% en 2002 a 29,6% en 2018, logro alcanzado gracias a un periodo de alto crecimiento económico y la expansión e institucionalización de las políticas de protección social. Sin embargo, en la región, la pobreza extrema se incrementó en 2017 y se mantuvo igual en términos relativos en 2018 (CEPAL, 2019), en tanto, la concentración de la riqueza continúa siendo muy alta. De este modo, la reducción de la pobreza se ha instalado en un plano prioritario en el escenario regional y global del desarrollo.Para el Estado paraguayo, la reducción de la pobreza y el desarrollo social se presentan como desafíos de acción prioritarios, con un vínculo directo con los dos primeros Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel mundial. En el año 2015, la población en situación de pobreza en el Paraguay era del 26,6%, constituyendo el punto de partida para avanzar hacia una sociedad con igualdadde oportunidades y la eliminación de la pobreza extrema al 2030.El compromiso de erradicar la pobreza y apostar con intensidad al desarrollo, se enfrenta a importantes desafíos: por un lado, la condición indispensable de reducir las desigualdades; y por otro lado, la consolidación de un sistema de protección social que contemple la existencia de riesgos sociales y vulnerabilidades a lo largo de la vida y en las diferentes edades de las personas que sobrepasan la capacidad individual, familiar o comunitaria, para hacer frente a dichas contingencias y cuyos efectos no solamente son inmediatos (quiebres en los ingresos) sino también a mediano y largo plazo (pérdida de capital humano, deterioro físico y de la salud) (Bertranou, 2010).A situaciones habituales de la vida, como el cuidado de los hijos y la edad avanzada, se suman acontecimientos dramáticos como las enfermedades, los accidentes, el fallecimiento de la persona que aporta a los ingresos familiares, la pérdida del empleo, la reducción de los ingresos, el aumento de los precios de mercado, entre otros eventos, que hacen necesarios la presencia de mecanismosque garanticen derechos básicos (sociales, económicos y culturales), siendo las instituciones que trascienden lo privado las que, en tales momentos, tienen que velar por asegurar el bienestar de la población (Serafini, 2016).En este sentido, los bajos niveles de coberturas de las actuales políticas públicas de protección social en conjunción con el estado de desarrollo económico y social del país, resultan en la desatención de los riesgos que experimentan las personas durante las etapas del ciclo de vida, provocando amplios sectores sociales en situación de pobreza, vulnerabilidad, desigualdad yexclusión social. Así, la pobreza, desde la perspectiva de derechos humanos que plantea que todas las personas deben tener aseguradas las condiciones para una vida digna, asume una posición central en este análisis, al vulnerar la dignidad humana.Ante esta realidad, el estudio pone la mirada sobre el Estado paraguayo que, por Constitución (1992) y compromisos internacionales asumidos como la Agenda 2030, está obligado a implementar políticas, planes y programas que garanticen el derecho a la protección social, de manera a proveer el ingreso y las condiciones de vida digna para la población.En este contexto, la meta 1.3 del ODS 1, propone implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, logrando para 2030, amplia cobertura de los pobres y los vulnerables. La protección social también acelerará el logro de la meta 1.2, que consiste en reducir, al menos a la mitad, la proporción de hombres,mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales.Vinculada con la protección social, la meta 1.4 propone para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la micro financiación. Además, teniendo en cuenta la relación entre pobreza y riesgo, la meta 1.5 propone el fortalecimiento de resiliencia de los pobres y vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad frente a choques climáticos y desastres económicos, sociales y ambientales.