Latifundios, minifundios e intrusos. Problemáticas de la tierra rural formoseña

HUGO HUMBERTO BECK

Asunción, Paraguay

Otro; XXVII Encuentro de Geohistoria Regional; 2007

Universidad Nacional de Asunción

En un ámbito geográfico donde la economía se basa en la producción agropecuaria y forestal, el acceso a la propiedad de la tierra y su justa distribución constituyen, además de un equitativo reparto del más preciado bien, una norma básica para la correcta explotación económica y la preservación del ambiente.             Formosa, desde tiempos del Territorio Nacional hasta su presente de provincia autónoma, ha padecido los efectos de una incorrecta adjudicación de sus tierras, produciéndose situaciones extremas como son latifundios y minifundios, y la inseguridad jurídica resultante de la condición de simples ocupantes o de intrusos de la mayoría de sus productores. Se suman a estas problemáticas la situación particular de su población aborigen, otrora desplazada de sus tierras hacia áreas más inhóspitas, y actualmente en proceso de recuperación de sus perdidos derechos. Las normas legales y los enunciados propósitos de los sucesivos gobiernos buscaron la solución a estos problemas, aunque con resultados disímiles y a veces contradictorios.             A partir de la provincialización los gobiernos locales pusieron especial énfasis en la política de privatización de las tierras públicas. Este principio quedó consagrado en la Constitución de 1957 y en las leyes que en su consecuencia se sancionaron más tarde. La ley de tierras Nº 113/60 tuvo como objetivos la constitución de unidades económicas de producción, la limitación de los latifundios, la eliminación de los minifundios, el acceso a la propiedad de los productores ocupantes y la supresión de los intrusos. El espíritu de la norma no siempre fue respetado en la realidad, pues se antepusieron intereses sectoriales por sobre el bien general.             Entre 1960 y 1980 se operó en el ámbito provincial un notable cambio en el régimen de tenencia de las tierras. La propiedad privada, que al comenzar el período sólo representaba el 18% de todas las tierras, superaba en 1980 el 35%, siendo este porcentaje notoriamente mayor en los departamentos orientales y centrales. No obstante, el acceso a la propiedad fue más fácil para quienes poseían explotaciones de grandes superficies, tornándose dificultoso para los pequeños chacareros, y más aún para los de nacionalidad paraguaya, que en Formosa representan un alto porcentaje entre los campesinos. Es decir, que a pesar de las disposiciones legales, se cristalizó la situación de injusticia en el reparto, se incrementó el latifundio y se agudizó el problema del minifundio y de los intrusos.             Las injustas situaciones sumadas al desigual reparto de las tierras movilizaron a los campesinos en la defensa de sus derechos. De las asambleas campesinas promovidas por sectores de la Iglesia y por Incupo, en 1971 nació la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas (Ulicaf) para la defensa de los intereses de los medianos y pequeños productores agrarios de la provincia. Después de la dictadura militar, nuevas organizaciones se constituyeron para continuar con la misma lucha, frente a gobiernos democráticos poco transformadores de una injusta realidad.             Le entrega de tierras a las comunidades aborígenes y la regularización de la tenencia a millares de campesinos pobres constituyen dos destacadas obras de los últimos gobiernos y señalan un rumbo hacia una mayor justicia distributiva; pero debieran llevarse a cabo sin las presiones de las comunidades y sin exigir a cambio lealtades políticas partidarias como si se trataran de concesiones graciosas y no la restitución de legítimos derechos conculcados. El deseo del gobierno de atraer capitales para modernizar el campo no debe mezclarse con ambiciones de funcionarios, ni afectar intereses de los esforzados pioneros,  ni permitir la destrucción del medio ambiente. Este trabajo fue publicado en CD en el ámbito del XXVII Encuentro de Geohistoria Regional, Asunción, 2007.