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En los últimos años se fueron configurando consensos básicos acerca de que la generación de procesos de cambio estructural y desarrollo requiere una adecuada intervención pública a través de políticas que promuevan la innovación (OECD 2015). En este contexto, las política de innovación apuntan a la necesidad de desarrollar capacidades científico-tecnológicas y organizacionales, así como la aplicación de estas capacidades a la transformación productiva. Se argumenta que estas cuestiones permitirían tanto a países en desarrollo y desarrollados alcanzar objetivos de cambio estructural centrados en la inclusión social, la competitividad, el desarrollo productivo y la decarbonización como estrategia para mitigar el cambio climático.No obstante, existe una gran heterogeneidad de experiencias prácticas en materia de intervención y un debate asociado a la aplicación de políticas de innovación. Estas experiencias no convergen sobre una misma matriz teórico-conceptual, por el contrario existen diferencias significativas en torno a tres ejes: i) lo que la literatura denomina policy rationale (o razón fundamenta para la intervención), ii) la forma de intervención en términos de la relación entre objetivos e instrumentos, y iii) el proceso de política (Flanagan, Uyarra, y Laranja 2011) que va desde la gestación, hasta la implementación y evaluación de la intervención, haciendo foco sobre los aspectos políticos, sociales y culturales de la misma.

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