Igualdad y No Discriminación.Aportes del enfoque de derechos al campo de la educación

PAUTASSI, LAURA CECILIA

Buenos Aires

Seminario; Escuela, identidad y discriminación.; 2010

IIPE-UNESCO

Los vínculos entre ciudadanía y los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) históricamente han resultado conflictivos en América Latina. Mucho más lo son, si se los analiza desde la perspectiva de la igualdad y de la no discriminación y de las diferencias que surgen cuando los sujetos tutelados son varones o mujeres, niños, niñas y adolescentes; adultos mayores, indígenas, afrodescendientes. Aún más conflictivo resulta dada la persistencia de la  desigualdad, la pobreza, la vulnerabilidad, el analfabetismo, el desempleo y la informalidad laboral en América Latina. En este contexto, se ha promovido en los últimos años, la importancia de considerar el denominado enfoque de derechos. En forma estilizada, este enfoque considera que el marco conceptual que brindan los derechos humanos como derechos legitimados por la comunidad internacional, ofrece un sistema coherente de principios y pautas aplicables en las políticas de desarrollo socioeconómico. En tal sentido los derechos humanos son pensados en la actualidad como un programa que puede guiar u orientar las políticas públicas de los Estados y contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas. Para ello se han fijado una serie de estándares que resultan importantísimos al momento de fijar pautas y criterios para el diseño e implementación de estrategias de desarrollo sustentable, políticas sociales en general y con mayor interés aún, en materia de educación. A su vez, de estos estándares, se desprenden una serie de obligaciones para los Estados a las que se hará referencia al analizar cada uno de ellos. De este modo el principio de universalidad cobra suprema relevancia, pues más allá de las tendencias generales de avance en la realización de los derechos, corresponde al Estado garantizarlos a todas las personas en su territorio y no se puede excusar cuando los está garantizando a muchos o a la mayoría. Esto es, debe existir la certeza que los ciudadanos y ciudadanas pueden exigir los derechos que tienen garantizados con ciertas posibilidades de éxito. Esta posibilidad no depende sólo del reconocimiento normativo, ni de la posición legal de cada individuo, sino de la disponibilidad de una serie de recursos y capacidades. Se trata de capacidades intelectuales, sociales y culturales, facilidades de lenguaje, información y conocimiento, recursos materiales, económicos y financieros. Si el rasgo constitutivo en América Latina es la distribución desigual de esos recursos y capacidades, queda claro que son numerosos los sectores o individuos que se encuentran en desventaja para exigir sus derechos sociales por carecer de algunos de estos recursos o capacidades. Y allí resulta central analizar cuáles son las limitaciones estructurales, para que una persona o un sector de la población, en un país determinado, pueda exigir al Estado sus derechos sociales. Con la intención de contribuir al debate, la presente ponencia persigue como objetivo, precisar los vínculos entre las políticas públicas y los derechos, a partir de analizar en profundidad el principio de igualdad y no discriminación aplicado al campo de la educación. De la amplitud de principios y estrategias que nutren al enfoque de derechos, he seleccionado para el análisis la conjunción entre la garantía del principio de la igualdad y no discriminación, con los estándares fijados para la satisfacción plena de los DESC, en especial en relación con el principio de educación. Las fuentes de información utilizadas comprenden los principales estándares en materia de derechos económicos, sociales y culturales (DESC), surgidos principalmente de los Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –órgano de aplicación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)-, la Convención de Derechos del Niño y el Protocolo de San Salvador, que es el instrumento de DESC para el sistema interamericano; así como de los relatores especiales de las Naciones Unidas, a partir de la interpretación realizada de los tratados internacionales de derechos humanos en esta materia.